Carmen Alardo Peña advierte que solo dos magistradas quedan en el Pleno de 16 jueces y llama a corregir la desigualdad
La procuradora general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Carmen Alardo Peña, emplazó este 10 de septiembre de 2026 al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a garantizar la paridad de género en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), donde solo quedan dos mujeres en un Pleno de dieciséis miembros: Miguelina Ureña Núñez y Yorlin Lisett Vásquez Castro. La advertencia pone en el centro del debate nacional la legitimidad de los próximos nombramientos.
Alardo Peña recordó que, tras confirmarse a cinco magistrados y abrirse el proceso para llenar seis plazas en la SCJ, la conformación del pleno ha quedado en una posición que demanda atención. Subrayó que el CNM no enfrenta un simple trámite administrativo de sustitución de vacantes, sino un dilema de legitimidad en el sentido más estricto del derecho constitucional contemporáneo.
La procuradora citó el artículo 39.4 de la Constitución, que ordena promover medidas para erradicar desigualdades y garantizar la paridad en los órganos de dirección y decisión del Estado. “La cuota y la paridad de género no constituyen una dádiva ni un favor identitario: son un imperativo constitucional”, afirmó, y criticó la falacia del mérito frente a la realidad sociológica que durante décadas ha neutralizado el debate sobre la equidad.
Advirtió que la validez formal de un nombramiento no basta si el órgano resultante nace divorciado de la representatividad y de los principios axiológicos que sostienen a la República. “En un Estado social y democrático de derecho, la corte de casación está llamada a operar con una presencia femenina cónsona a la igualdad, es más que un detalle secundario o una atribución aritmética; pues de no fortalecerse crearía una incoherencia estructural que debilitaría la autoridad moral de sus fallos”, sostuvo.
Finalmente, destacó que más del 60 % de la judicatura en juzgados de paz, tribunales de primera instancia y presidencias de Cortes de Apelación a nivel nacional está en manos de mujeres, juezas de carrera egresadas de la Escuela Nacional de la Judicatura con maestrías, doctorados y evaluaciones intachables. Señaló que la vacante reservada por ley para abogados externos es el canal idóneo para inyectar una visión fresca, dogmática y rigurosa al tribunal.
