Organización barrial pide auditorías oficiales y participación ciudadana para transparentar gestión de Fulcar, Ascención y Bonilla
La Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco) solicitó este viernes a la Cámara de Cuentas auditar a tres exfuncionarios y sus ministerios, en un momento en que la ciudadanía dominicana reclama mayor rendición de cuentas y lucha contra la corrupción.
Durante una rueda de prensa en las inmediaciones de la Cámara de Cuentas, el director ejecutivo de Codonbosco, Alexis Peña, señaló al Ministerio de Educación (Minerd), Obras Públicas (MOPC) y Vivienda (MIVED) como instituciones que manejaron cuantiosos recursos sin resolver necesidades fundamentales de las comunidades, por lo que pidió una auditoría a los exministros Roberto Fulcar, Deligne Ascención y Carlos Bonilla.
Peña cuestionó que las comunidades sigan enfrentando carencias en educación, infraestructura y vivienda, y puso como ejemplo las deficiencias en centros escolares, la falta de viviendas en sectores vulnerables del Distrito Nacional y la polémica compra de un solar por RD$350 millones durante la gestión de Bonilla en MIVED.
El dirigente también arremetió contra la presentación de una auditoría por parte de Fulcar sobre su gestión, al considerar que debe ser la Cámara de Cuentas, como órgano fiscalizador, quien realice y presente los resultados oficiales, para evitar conflictos de interés y garantizar la credibilidad del proceso.
Codonbosco propuso que en las auditorías participen instituciones especializadas y representantes de la sociedad civil, incluyendo contadores, economistas y académicos, con el fin de asegurar la transparencia. Además, hizo un llamado al Ministerio Público para que investigue cualquier irregularidad detectada, en línea con las demandas de la diáspora y organismos internacionales que siguen de cerca la gobernanza en RD.
La acción de Codonbosco se enmarca en una tendencia regional de mayor control ciudadano sobre los fondos públicos, y podría sentar un precedente para que otras organizaciones exijan auditorías independientes y participación social en la fiscalización estatal.
