Denuncian extracción diez veces mayor a la pactada sin aumento en compensación
La paralización de la extracción de yeso en Tamayo, provincia Bahoruco, se mantiene mientras los comunitarios denuncian que las empresas retiran hasta 20,000 toneladas mensuales, diez veces más de lo acordado, y solo pagan 180,000 pesos por 2,000 toneladas. El conflicto refleja tensiones sobre la distribución de beneficios mineros en la región.
El alcalde de Barranca, Simón Castillo Pérez, reveló que el acuerdo establece un pago mensual de 180,000 pesos por la extracción de 2,000 toneladas de yeso, pero actualmente se retiran hasta 20,000 toneladas sin que aumente la cantidad pagada. Esta denuncia ha generado un conflicto entre las comunidades de Tamayo y las empresas extractoras, que exigen mayores beneficios económicos y obras sociales.
Los residentes reclaman que los recursos de la actividad minera se traduzcan en obras de infraestructura, mejoras en el servicio eléctrico y otros beneficios sociales. Ante la paralización, Vladimir Osorio, director del Plan Social del Ministerio de Energía y Minas, y Karolina Hernández, representante de Cementos Cibao, se reunieron con autoridades municipales y dirigentes comunitarios para buscar una salida al conflicto.
Osorio explicó que su función consiste en dar seguimiento a las inversiones sociales de las empresas extractoras y manifestó el interés del ministerio en alcanzar una solución armoniosa. Por su parte, Hernández señaló que el Ayuntamiento de Tamayo enfrenta problemas administrativos que han impedido procesar los pagos correspondientes a más de un año de explotación minera.
Pese a la intervención de las autoridades y de la empresa, los comunitarios se mantienen firmes en su decisión de impedir que se reanude la extracción de yeso hasta que se alcance un acuerdo que responda a sus demandas. Durante la asamblea se acordó conformar una mesa de trabajo integrada por representantes del Ayuntamiento de Tamayo, la cooperativa, la empresa y el Consejo Intercomunitario de la Cuenca por Dentro (Codei). Los comunitarios exigen revisar el contrato de explotación, transparentar los recursos generados por la actividad minera y garantizar inversiones sociales en las poblaciones afectadas. La denuncia sobre las cantidades extraídas y los pagos realizados corresponde a los representantes comunitarios y no ha sido verificada de manera independiente.
