Iniciativa bicameral endurece sanciones por impago de manutención y abuso financiero contra mujeres
Una comisión bicameral del Congreso estudia el proyecto de la Ley Mirabal, que establece penas de cinco a 10 años de prisión por incumplir la obligación alimentaria de los hijos con capacidad de pago y usar ese impago para someter a las mujeres. La propuesta también sanciona la violencia económica y patrimonial con multas de 10 a 20 salarios mínimos y agrava las penas hasta 20 años en casos de lesiones permanentes.
El proyecto define como violencia económica el impago de la manutención cuando se usa para condicionar la separación de una mujer o castigarla por haber terminado la relación. Además de prisión de cinco a 10 años, contempla multas de 10 a 20 salarios mínimos para quienes incurran en estas conductas.
La iniciativa tipifica otras formas de violencia económica, como retener o desviar salarios, ingresos o prestaciones de una mujer; impedirle el acceso a recursos mediante amenazas o intimidación; y desviar los beneficios de una actividad económica compartida para privarla de su parte. También sanciona obligar o inducir a una mujer a entregar sus ingresos, contraer deudas o asumir gastos ajenos mediante amenazas, coacción o engaño.
En el ámbito patrimonial, se castiga con cinco a 10 años de prisión dañar, destruir, sustraer, retener u ocultar bienes de una mujer, incluidos documentos personales, herramientas de trabajo o estudio, así como impedirle el uso de bienes sobre los que tenga derechos, incluida su vivienda. El texto aclara que las disputas sobre bienes compartidos no constituyen por sí solas estas infracciones.
El proyecto prevé agravantes que elevan las penas a su máximo y añaden multa cuando la víctima es niña o adolescente, está embarazada o en posparto, sufre daño corporal grave, se usan armas para intimidarla o los hechos ocurren ante menores. Si la infracción causa lesión o incapacidad permanente, las penas van de 10 a 20 años de prisión mayor.
