El mandatario colombiano enfrenta una indagatoria penal por presunto proselitismo indebido
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia determinó abrir una investigación penal de oficio contra el presidente Gustavo Petro. La decisión, comunicada este martes, responde a las recientes declaraciones y contenidos publicados por el jefe de Estado en plataformas digitales relacionados con el proceso electoral en curso.
El documento oficial, rubricado por la presidenta de la Comisión, Gloria Elena Arizabaleta, señala que la actuación se sustenta en el artículo 422 del Código Penal colombiano, el cual tipifica el delito de intervención en política. La legislación prohíbe a los funcionarios públicos participar en actividades proselitistas o terciar en controversias electorales, salvo el ejercicio personal del voto.
La apertura de la pesquisa se produjo después de que distintos sectores políticos y organismos de control cuestionaran los mensajes emitidos por Petro en respaldo al aspirante oficialista Iván Cepeda, cuando faltan escasos días para la primera vuelta presidencial. El procurador general Gregorio Eljach solicitó un informe pormenorizado sobre las denuncias acumuladas contra el mandatario.
El presidente colombiano cuenta con fuero constitucional, por lo que únicamente esta comisión legislativa tiene competencia para investigarlo mientras permanezca en el cargo. Medios locales reportan que el órgano maneja cerca de una docena de expedientes vinculados a esta misma materia.
Si la Comisión encuentra méritos suficientes, deberá presentar una acusación formal ante el Senado de la República, que actúa como juez político en este tipo de procesos. No obstante, los analistas recuerdan que estos procedimientos rara vez prosperan en el sistema institucional colombiano.
