El organismo fiscalizó inmuebles en todo el país entre marzo y agosto de 2026; 328 recibieron no objeción
La Contraloría General de la República inspeccionó 337 inmuebles vinculados a contratos de alquiler y arrendamiento de instituciones públicas, como parte de un proceso de fiscalización técnica que busca ordenar el gasto estatal en arrendamientos.
El contralor general, Geraldo Espinosa, explicó que los contratos involucrados suman más de RD$2,011.9 millones y US$33.5 millones. Del total evaluado, 328 inmuebles obtuvieron autorización de no objeción, mientras que 14 solicitudes quedaron pendientes o programadas de las 351 recibidas.
El Departamento de Ingeniería y Arquitectura inspeccionó 243 inmuebles y otorgó 236 autorizaciones, mientras que la Dirección de Unidades de Auditoría Interna Gubernamental evaluó 94 y autorizó 92. Las evaluaciones verifican localización, condiciones y características de los bienes que usará el Estado.
Las inspecciones tienen alcance nacional, con mayores montos en el Gran Santo Domingo, y también registran operaciones en Santiago, San Cristóbal, Puerto Plata, Barahona, Duarte, Azua, San Pedro de Macorís y Samaná. Predominan oficinas, almacenes y estacionamientos, además de centros educativos privados para docencia pública. El Ministerio de la Mujer lidera las solicitudes con 56, principalmente para casas de acogida y oficinas.
Espinosa afirmó que la fiscalización busca que las decisiones administrativas tengan verificaciones técnicas y contribuyan al uso racional de los fondos públicos. “Nuestro propósito es que el control no sea simplemente un trámite. Debe servir para prevenir, ordenar y ofrecer mayores garantías del manejo pulcro de los bienes del Estado”, puntualizó. Las inspecciones son obligatorias desde el 1ro. de marzo de 2026.
