La democracia cuesta dinero , pero mucho más cuando nadie vigila cómo se gasta.
Los recursos públicos que reciben los partidos políticos constituyen una inversión de la sociedad para fortalecer el pluralismo, la representación y la competencia electoral.
Precisamente por ello deben estar sometidos al más riguroso escrutinio.
Un reportaje publicado por Diario Libre revela una realidad preocupante: el sistema de fiscalización presenta vacíos que impiden un control efectivo sobre cientos de millones de pesos entregados cada año a las organizaciones políticas.
Si la Junta Central Electoral solo puede revisar informes financieros y la Cámara de Cuentas lleva años sin publicar auditorías de esos recursos, la rendición de cuentas queda reducida a una formalidad insuficiente.
No basta con que los partidos presenten documentos.
Es indispensable verificar que cada peso haya sido utilizado conforme a la ley, que no existan desvíos hacia actividades ajenas a la función política y que cualquier irregularidad produzca consecuencias reales.
El dinero público nunca deja de ser público por el hecho de cambiar de destinatario.
Fortalecer los mecanismos de fiscalización no debilita a los partidos; los legitima.
La transparencia protege a las organizaciones que actúan correctamente y expone a quienes confunden el patrimonio del Estado con una caja de financiamiento sin controles.
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