Propuesta busca atraer capital nacional y extranjero con reglas de riesgos, tarifas y sanciones
El Poder Ejecutivo depositó este jueves en el Senado un proyecto de ley que permitiría al Estado firmar contratos de entre cinco y 40 años con empresas privadas para construir, administrar, conservar u operar obras y bienes públicos. La iniciativa establece un marco general para seleccionar empresas, supervisar proyectos, controlar tarifas y definir responsabilidades.
La propuesta dispone que la duración de cada contrato dependa de la naturaleza del proyecto, el monto de la inversión, el tiempo razonable para recuperarla y el interés general. Los riesgos del proyecto serían asumidos en su totalidad por la empresa privada contratada, según cada contrato, sin que el Estado garantice su rentabilidad.
En materia tarifaría, las tarifas deberán quedar definidas en las condiciones del proceso de selección, en el contrato o en la oferta económica de la empresa. Cualquier ajuste durante la vigencia requeriría justificación técnica y financiera, criterios objetivos, análisis de riesgos y aprobación del Consejo Nacional de Concesiones, tras escuchar a la empresa contratada.
El proyecto también exige registros financieros completos, actualizados y verificables, con contabilidad separada por proyecto, y permite que personas y empresas nacionales o extranjeras presenten propuestas de interés público que no requieran aportes del Gobierno, con un plazo de hasta seis meses para su evaluación.
Aunque los contratos podrían extenderse hasta 40 años, se prohíben las cláusulas de renovación automática; las prórrogas deberían justificarse por causas objetivas y no superar en conjunto el 50 % del plazo original. Las sanciones económicas irían de cinco a 500 salarios mínimos del sector público, y en casos de fraude o beneficios indebidos podrían llegar hasta el doble del beneficio obtenido o del daño causado. Entre las infracciones muy graves se incluyen sobornos, colusión, fraude documental y uso indebido de información privilegiada, con posibilidad de inhabilitación temporal para reincidentes.
