Rodolfo Valentín advierte que comisiones internas de la Policía podrían manipular resultados y pide pesquisas caso por caso
El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín, hizo un llamado formal a la Procuraduría General de la República para que investigue, caso por caso, los alegados intercambios de disparos entre agentes de la Policía Nacional y civiles con presuntos antecedentes delictivos, al considerar que las comisiones internas policiales podrían generar dudas sobre la transparencia e imparcialidad de los resultados.
Valentín cuestionó que, cuando se produce uno de estos hechos, la Policía Nacional conforme comisiones integradas por sus propios miembros para determinar las circunstancias en que ocurrieron. ‘No es lógico que cuando hay intercambio de disparos sea la misma Policía que cree una comisión de sus miembros y sean los que investiguen. De verdad que pudiera pensarse que cualquier tipo de investigación pudiera manipularse’, manifestó el funcionario.
En ese sentido, solicitó que la procuradora general de la República designe a los titulares del Ministerio Público de las jurisdicciones correspondientes para investigar los hechos. Sostuvo que corresponde al Ministerio Público determinar si los hechos reportados por las autoridades policiales constituyeron enfrentamientos armados o si ocurrieron en otras circunstancias.
El director de la Defensa Pública explicó que las investigaciones deben incluir los procedimientos médico-legales correspondientes para establecer las circunstancias en que fallecieron las personas involucradas, incluidas las evaluaciones de especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Insistió en que no basta con aceptar las versiones iniciales de los acontecimientos, sino que deben realizarse las investigaciones necesarias para determinar si realmente hubo un intercambio de disparos.
Valentín recordó que la Ley 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, establece entre las responsabilidades de esa institución preservar la vida y garantizar la seguridad ciudadana. Asimismo, consideró preocupante que se utilicen expresiones como ‘código 29’ para referirse a la muerte de personas durante intervenciones de los organismos de seguridad, y agregó que utilizar términos como sustitutos de referencias a la muerte no constituye una actitud positiva dentro de un Estado social y democrático de derecho.
