Mientras la procuradora general Miriam Germán Brito advierte que República Dominicana nunca ha tenido una ley de protección a testigos, los ataques y asesinatos de colaboradores de la justicia se multiplican. Un patrón que preocupa a organismos internacionales y a la diáspora, que sigue de cerca la impunidad en el país.
La promesa de justicia en República Dominicana se ve empañada por la creciente vulnerabilidad de quienes se atreven a declarar ante los tribunales. En los últimos meses, al menos cuatro testigos han sido atacados o asesinados: uno herido en Santo Domingo Este, uno muerto en San Francisco de Macorís, otro ultimado en Santiago y un cuarto arrebatado a la Policía en pleno Palacio de Justicia del Distrito Nacional. El más reciente, Feliz Vásquez, fue zarandeado por familiares de los imputados en un caso de intento de asesinato contra María Teresa Núñez, dueña del negocio WhatsApp Drink en Capotillo.
La procuradora general, Miriam Germán Brito, ha sido enfática: «No es un lujo, es una necesidad. Ni siquiera es una actualización, porque nunca hemos tenido una ley de protección a testigos». Sus palabras, pronunciadas en septiembre del año pasado, evidencian un vacío legal que contrasta con las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos y lucha contra la impunidad. La Ley Orgánica 133-11 y el Código Procesal Penal delegan la salvaguarda de los testigos, pero sin una normativa específica, la protección queda en manos de resoluciones limitadas.
El abogado Carlos Salcedo señala que «el sistema solo protege al testigo dentro de la sala» de audiencias. El programa actual, creado por resolución, se restringe a casos de crimen organizado o criminalidad compleja, dejando fuera a testigos de homicidios y delitos comunes. Esta situación no solo afecta a las víctimas y sus familias, sino que también socava la confianza en el sistema judicial dominicano, un tema que preocupa a la diáspora y a organismos internacionales que monitorean la independencia judicial en la región.
El Código Procesal Penal contempla multas de hasta 30 días de salario de un juez de primera instancia para quienes se nieguen a comparecer, y el perjurio se castiga con penas de prisión. Sin embargo, la amenaza real no viene de las sanciones legales, sino de las represalias extralegales. Los casos de testigos asesinados por cumplir con su deber, como los ocurridos en San Francisco de Macorís y Santiago, subrayan la urgencia de una ley integral que garantice la integridad física de los colaboradores de la justicia, tal como lo exige la Constitución.
La tendencia en la región es clara: sin protección efectiva, los testigos callan y la impunidad crece. La procuradora Brito insiste en que la ley es indispensable, y el país observa mientras los tribunales siguen citando a personas que, al salir de la sala, quedan a merced de los imputados. La comunidad internacional y la diáspora dominicana esperan que el Congreso actúe, pero mientras tanto, cada declaración es un acto de valentía que puede costar la vida.
