Un recorrido por las 32 provincias busca que los dominicanos comprendan el nuevo código penal, una reforma histórica que reemplaza una legislación de 1884 y que exige un cambio cultural más allá de los tribunales.
La entrada en vigencia del nuevo código penal dominicano marca un hito, pero su éxito depende de algo más que su publicación. Por eso, un programa académico recorrerá las 32 provincias del país, cada lunes y viernes hasta diciembre, para explicar a los ciudadanos qué significa esta legislación en su vida diaria, desde el ámbito laboral hasta las redes sociales.
El punto de partida, Dajabón, no es casualidad. Allí, en Capotillo, se inició en 1863 la gesta restauradora, un recordatorio de que la soberanía y los derechos se construyen desde el territorio. La iniciativa busca replicar ese espíritu, llevando la ley a las comunidades donde el Estado debe hacerse presente, no solo en los centros urbanos.
La Constitución define a la República Dominicana como un Estado Social y Democrático de Derecho, y establece que la protección de los derechos es una función esencial. Este programa se alinea con esa visión, apostando por una protección preventiva: educar a los ciudadanos para que reconozcan cuándo sus derechos están en riesgo y sepan cómo activar los mecanismos institucionales.
El nuevo código penal, que sustituye una normativa de 1884, ha generado debates sobre artículos y penas, pero la gran asignatura pendiente es la comprensión pública. La tendencia internacional en reformas legales apunta a la educación ciudadana como pilar, y República Dominicana se suma con esta iniciativa que busca cerrar la brecha entre la ley y la gente.
Con un enfoque en la ciudadanía constitucional, el programa pretende que cada dominicano, sin ser abogado, entienda sus derechos y responsabilidades, fortaleciendo así la democracia y el Estado de derecho en el país.
