En un movimiento que busca alinear a la República Dominicana con las tendencias de recaudación de la economía digital en América Latina, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) anunció un plan para capturar los ingresos de las grandes plataformas tecnológicas que operan en su territorio.
Pedro Urrutia, director de la DGII , confirmó que en un plazo de 60 días se presentará una propuesta para aplicar una tasa del 18 % de ITBIS (Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios) a servicios digitales consumidos localmente.
Esta medida afectará directamente a gigantes del mercado como Netflix (streaming), Airbnb (renta corta) y Facebook (publicidad y redes sociales).
Según las autoridades dominicanas, la percepción de que estas empresas no están obligadas a pagar impuestos es errónea, y la disposición mostrada por las propias plataformas para cumplir con esta responsabilidad tributaria facilita el establecimiento de este nuevo mecanismo fiscal.
La iniciativa dominicana no es un hecho aislado.
En la región, el cobro de impuestos a servicios digitales se ha convertido en una herramienta clave para asegurar la competencia equitativa entre empresas locales y multinacionales.
Actualmente, las tasas aplicadas en Latinoamérica son de las más altas a nivel global, oscilando entre el 16 % y el 22 %.
A continuación, se detalla la situación tributaria en los principales mercados de la región : Más allá de los impuestos indirectos como el IVA, la región comienza a adoptar el Pilar Dos de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), que establece un impuesto mínimo global del 15 % para multinacionales con ingresos superiores a 750 millones de euros.
Países como Brasil , Bahamas y Barbados ya han integrado reglas en sus legislaciones internas para asegurar que estas empresas tributen una tasa efectiva mínima en sus jurisdicciones.
La consolidación de estos regímenes fiscales, como el caso de México que ha visto un incremento del 413 % en su padrón de contribuyentes digitales desde 2020, demuestra que la formalización de este sector no solo reduce la evasión fiscal, sino que fortalece la recaudación en un entorno cada vez más digitalizado.
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