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Decreto: Gobierno establece normas éticas para la inteligencia artificial en servicios públicos

Decreto: Gobierno establece normas éticas para la inteligencia artificial en servicios públicosDecreto: Gobierno establece normas éticas para la inteligencia artificial en servicios públicos
Decreto: Gobierno establece normas éticas para la inteligencia artificial en servicios públicos
Decreto: Gobierno establece normas éticas para la inteligencia artificial en servicios públicos

El Gobierno anunció este martes que fue aprobado, mediante el decreto 787-26, el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos de la República Dominicana, con el que establece los principios y lineamientos para el uso responsable, seguro, inclusivo y transparente de esta tecnología en las instituciones del Estado.

La normativa fue elaborada mediante un proceso participativo y multisectorial, liderado por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig).

Además, contó con el acompañamiento técnico de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) y está alineada con los estándares de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ( Unesco ) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( OCDE ), según informó la Presidencia.

El nuevo Código de Ética introduce regulaciones prácticas de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones de la administración pública centralizada y descentralizada.

Entre sus disposiciones más destacadas figuran: El decreto dispone la creación del Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, un órgano consultivo y de coordinación integrado por instituciones clave del Estado y representantes no gubernamentales del Foro Multiactor de Gobierno Abierto, garantizando el escrutinio social continuo y la participación de la academia y la sociedad civil.

Finalmente, la normativa otorga un plazo transitorio de 180 días calendario para que las entidades públicas adecúen sus procesos internos, registren los sistemas tecnológicos en funcionamiento, designen a los funcionarios responsables e implementen las medidas necesarias para dar cumplimiento efectivo a este compromiso histórico con la transformación digital ética..


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