ONDP insiste en que su rol es para personas, no para compañías privadas.
La Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP) ha reiterado su negativa a asignar defensores a empresas privadas como Inprosol SRL, envuelta en el caso Intrant, luego de que el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional lo exigiera. La postura, anunciada por el director Rodolfo Valentín, ha provocado un nuevo aplazamiento del juicio y enciende el debate sobre el alcance de la defensa pública en el país.
El conflicto institucional se intensifica: la ONDP, basándose en la Constitución y la Ley de la Defensa Pública, sostiene que su función es asistir a personas físicas, no a personas jurídicas. Valentín afirmó que ‘en ningún país de Iberoamérica la defensa pública brinda asistencia a empresas privadas’, aunque señaló que España tiene un modelo limitado para ONG y fundaciones.
El Tercer Tribunal Colegiado, por mayoría, había intimado a la ONDP a designar un abogado para Inprosol SRL, acusada de participar en la presunta estafa contra el Estado y el sabotaje a la red semafórica, que también involucra al exdirector del Intrant, Hugo Beras, y a otros nueve procesados. La falta de representación legal de la empresa fue una de las causas del aplazamiento del juicio de fondo este jueves.
Valentín calificó de ‘trampa estratégica interpartes’ la insistencia de algunos jueces, fiscales y abogados privados en requerir defensores públicos para empresas. ‘La Defensa Pública es respetuosa de las decisiones de los tribunales, pero no va a caer en esa trampa mal intencionada’, declaró, y agregó que los derechos fundamentales de las empresas son distintos a los de los individuos.
La controversia podría llegar al Tribunal Constitucional, donde ya reposan varios recursos de revisión contra decisiones similares. Mientras tanto, el caso Intrant sigue paralizado, generando incertidumbre sobre el futuro del proceso y sentando un precedente en la interpretación legal sobre quiénes tienen derecho a la defensa pública en República Dominicana.
Este enfrentamiento entre la ONDP y el Poder Judicial refleja una tensión más amplia sobre los límites de la asistencia legal gratuita y la responsabilidad de las empresas en procesos penales, un tema que resuena en la región y que podría influir en futuras reformas legales.
