El caso de Maricarmen, de 87 años, evidencia la crisis de vivienda en España y el debate sobre desahucios en Europa
El desalojo de una pensionista de 87 años en Madrid ha desatado una ola de indignación y condenas, incluyendo la del primer ministro Pedro Sánchez, quien calificó el hecho como una «tragedia social». Amnistía Internacional España denunció una «vulneración de los derechos humanos» y advirtió que no es un caso aislado.
Maricarmen, de 87 años, fue desalojada este miércoles de la vivienda que ocupó durante 70 años en el barrio de Retiro, en Madrid. La empresa inmobiliaria que adquirió el apartamento elevó el alquiler mensual un 275%, hasta 2,650 euros, según el Sindicato de Inquilinos de Madrid. La disputa llegó al Tribunal Supremo, que falló a favor de la empresa y allanó el camino para el desahucio.
Agentes de policía sacaron por la fuerza a decenas de activistas que se habían acampado ante el edificio para impedir el desalojo, entre gritos de «¡vergüenza!». Personal sanitario trasladó en camilla a la pensionista, que necesita silla de ruedas, hasta una ambulancia, mientras los manifestantes coreaban «¡Maricarmen, no estás sola!» detrás de un cordón de seguridad.
El primer ministro español, Pedro Sánchez, condenó desde Nueva York, donde asiste a la Asamblea General de la ONU, lo que llamó «una tragedia social que no podemos aceptar», y criticó el papel de las autoridades conservadoras de la Comunidad de Madrid. Amnistía Internacional España denunció «una vulneración de los derechos humanos» y afirmó que «no es un caso aislado, es solo un retrato más del sufrimiento que viven miles de hogares en España».
En una entrevista con RTVE, Maricarmen calificó a la empresa de «inhumana, y todo para ganar dinero», y responsabilizó a las autoridades nacionales, regionales y municipales. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, insistió en que el gobierno de izquierda ha intentado varias veces aprobar una ley para prohibir este tipo de desahucios, y Sánchez dijo que aprobarla era «una responsabilidad compartida» entre su coalición y el resto del parlamento. El acceso a la vivienda figura entre las principales preocupaciones de los españoles, en un contexto en el que la oferta no cubre la demanda y los alquileres y precios de compra continúan disparándose, como ocurre en otros países de la Unión Europea.
