El titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana ( PLD ), José Dantés Díaz , afirmó que la decisión emitida ayer por el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional reafirma la importancia del debido proceso , el derecho de defensa y la presunción de inocencia.
El pasado viernes, la jueza Altagracia Ramírez decidió enviar a juicio a 35 de los 40 acusados por el Ministerio Público en un caso relacionado con un presunto fraude al Estado superior a 19,000 millones de pesos.
Sin embargo, la magistrada dictó autos de no ha lugar a favor del exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta ; del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo , y de otros tres imputados.
Entre los enviados a juicio figura el exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz , señalado por el Ministerio Público como una de las piezas centrales de la presunta estructura de corrupción.
También fueron enviados a juicio el abogado Ángel Lockward y numerosas personas físicas y jurídicas vinculadas al expediente.
A través de su cuenta en X , Dantés escribió: «durante años advertimos sobre los riesgos de sustituir la justicia por la condena mediática «.
Asimismo, señaló que «respecto de quienes han sido enviados a juicio , corresponderá a los tribunales decidir en su momento, siempre sobre la base de pruebas y conforme al derecho».
A inicios de esta semana, el dirigente político recordó que el PLD ha sostenido desde el comienzo que los procesos desarrollados en los últimos años estuvieron acompañados de campañas mediáticas , judicialización selectiva y acciones orientadas, según afirmó , a afectar la reputación de determinados dirigentes desde el poder político.
Para el jurista, esta situación, además de representar un uso desmedido del poder , genera un ambiente de condena pública anticipada y vulneración de derechos fundamentales.
El PLD ha denunciado en múltiples ocasiones el presunto uso de los aparatos judicial y comunicacional como herramientas de confrontación política , en el marco de una estrategia para desacreditar a dirigentes de la oposición y construir narrativas sustentadas más en percepciones mediáticas que en decisiones definitivas de los tribunales.
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