Mientras jóvenes marginales son abatidos, imputados de corrupción evitan la cárcel con criterio de oportunidad
El país enfrenta una paradoja alarmante: casi treinta ejecuciones extrajudiciales en el mes y más de ochenta en menos de dos meses, mientras que los delincuentes de cuello blanco se libran de la justicia mediante el criterio de oportunidad. El silencio de la ministra Faride Raful y la procuradora Yeni Berenice Reynoso profundiza la crisis de derechos humanos.
Las ejecuciones extrajudiciales en República Dominicana continúan imparable. Con casi treinta casos en lo que va de mes y más de ochenta en menos de dos meses, la situación refleja un patrón de violencia estatal que afecta principalmente a jóvenes de sectores marginales. El caso más estremecedor es el de los mellizos Randy Omar y Omar Randy Borges, de 16 años, acribillados en sus camas a las siete de la mañana mientras su abuela suplicaba por sus vidas.
El silencio de las autoridades es ensordecedor. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ha sido criticada por olvidar sus antiguos principios de justicia y su condena a los asesinatos policiales. La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, quien en 2019 prometió combatir las ejecuciones extrajudiciales y sancionarlas, ha centrado su gestión en la persecución de la corrupción, dejando de lado los derechos humanos. Sus palabras ante el Consejo Nacional de la Magistratura parecen haber sido llevadas por el viento.
La paradoja se hace evidente al comparar el trato a los jóvenes marginales con el de los delincuentes de cuello blanco. Mimilo Jiménez Collie, imputado como autor principal de una red que habría robado 41,185 millones de pesos al Estado, se benefició del criterio de oportunidad: fue convertido en delatador y librado del juicio tras devolver 715 millones de pesos. Mientras tanto, los mellizos Borges, sin antecedentes, fueron entregados por su abuela a la Policía y aun así no escaparon de la muerte.
El artículo 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público sobre el principio de jerarquía establece que los miembros del Ministerio Público pueden impartir órdenes a la Policía, quienes deben cumplirlas sin calificar su fundamento, oportunidad o legalidad. Este marco legal plantea interrogantes sobre la responsabilidad de las autoridades en la cadena de mando y la necesidad de rendición de cuentas. La sociedad dominicana y la comunidad internacional observan con preocupación este doble rasero.
