Organizaciones y expertos cuestionan proyecto de 57 millones que eliminó árboles de 84 años
La tala de robles casi centenarios y árboles de mango en Baní, denunciada por Listín Diario, ha desatado un rechazo generalizado en el país, con voces que exigen responsabilidad ambiental y respeto a las leyes.
Un reportaje de reveló la tala indiscriminada de robles casi centenarios y árboles de mango en Baní, como parte de un proyecto de remozamiento de 57 millones de pesos. El hecho ha generado una ola de indignación en la sociedad banileja y ha trascendido a nivel nacional, con instituciones, ambientalistas, arquitectos y ciudadanos que condenan lo que califican como un ecocidio y una violación a las leyes ambientales.
La Fundación Monte Bonito, dedicada a la protección del medio ambiente, la reforestación y la conservación de cuencas hidrográficas, emitió un comunicado en el que rechaza la destrucción de árboles con décadas de historia. Aunque valoró la intención de remodelar las edificaciones públicas, enfatizó que el progreso no puede anteponerse a la destrucción de los recursos naturales. La organización lanzó un voto de censura contra las autoridades y cuestionó que las obras públicas sirvan para depredar la naturaleza bajo el argumento de embellecer los espacios.
El ecologista Alexis Agramonte detalló que los árboles derribados tenían 84 años y habían resistido numerosos ciclones. Criticó la sustitución de especies autóctonas por especies introducidas que no ofrecen alimento para la fauna local. Joaquín Bautista también denunció el hecho y criticó la falta de información, mientras que el arquitecto Ismael Díaz Melo lamentó la pérdida patrimonial y ambiental. El joven Ronny Pujols cuestionó al senador Julito Furcal por no intervenir para detener el «desastre ecológico», recordando que fue él quien sometió el proyecto para declarar a Peravia como «provincia turística».
Carlos Peña destacó que los robles, a pesar de su edad, seguían cumpliendo funciones vitales como muralla contra el sonido, eliminación de CO2, mitigación del calor y reducción del estrés. Félix Guerrero también expresó su rechazo. El caso pone en evidencia la tensión entre el desarrollo urbano y la conservación del patrimonio natural, y plantea un debate sobre la fiscalización ambiental en los proyectos públicos.
