Expertos ven el decreto 615-26 como un paso, pero piden acciones contra el gran capital
El presidente Luis Abinader emitió el decreto 615-26 para combatir el ‘terrorismo ambiental’ en áreas protegidas, pero ambientalistas y académicos advierten que la medida será letra muerta si no se aplica primero contra el Estado y las grandes inversiones que destruyen los ecosistemas, un problema que trasciende fronteras.
La tendencia global de proteger los ecosistemas frente a la depredación humana tiene ahora un capítulo dominicano: el decreto 615-26, que busca sancionar el ‘terrorismo ambiental’. Sin embargo, voces autorizadas de la Comisión de Medio Ambiente de la Academia de Ciencias y activistas como Enrique de León consideran que la medida debe implementarse de manera escalonada, empezando por el propio Estado, que ha permitido la explotación minera, la extracción de arena de ríos y la facilitación de áreas protegidas para inversiones privadas.
Enrique de León, del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, fue contundente: ‘No es aplicar este decreto de declarar como ecoterroristas a campesinos pobres, que de manera furtiva entran al Parque Nacional y tumban palos o siembran una tarea de habichuela, ya sea dominicano o haitiano. El gran peligro que corren los parques y las áreas protegidas proviene del gran capital, que incluso tiene el respaldo del Gobierno y del Ministerio de Medio Ambiente’.
El activista señaló dos ejemplos emblemáticos: el Refugio de Vida Silvestre Manglares Puerto Viejo, en Azua, donde barcazas eléctricas han causado mortandad de peces y enfermedades en la población, y el Parque Nacional Manglares de Estero Balsa, en Monte Cristi, donde se destruyeron más de medio millón de metros cuadrados de bosque seco para instalar dos superplantas de gas natural de 860 megavatios, a menos de 59 metros del corazón del parque. Estas acciones, dijo, provocarán la exterminación de la mayor concentración de manglares de las Antillas.
Adolfo José López Belando, de la Academia de Ciencias, valora el decreto pero exige medidas complementarias: dotar al Ministerio de Medio Ambiente de recursos para un control efectivo y respaldar al Viceministerio de Áreas Protegidas frente a las presiones de políticos, militares y empresarios que buscan violar la integridad de los parques. El desafío no es solo local: la comunidad internacional observa cómo República Dominicana maneja su patrimonio natural, un tema clave para la diáspora y para la reputación del país en foros ambientales.
El debate refleja una tendencia regional: los países latinoamericanos luchan por equilibrar desarrollo económico y conservación. En este caso, el Gobierno dominicano tiene la oportunidad de demostrar liderazgo, pero los expertos insisten en que la voluntad política debe traducirse en acciones concretas contra el gran capital, no solo contra los más vulnerables.
