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Justicia dominicana ratifica embargo de RD$500 millones a los Espaillat: un precedente para la responsabilidad civil en tragedias masivas

Justicia dominicana ratifica embargo de RD$500 millones a los Espaillat: un precedente para la responsabilidad civil en tragedias masivasJusticia dominicana ratifica embargo de RD$500 millones a los Espaillat: un precedente para la responsabilidad civil en tragedias masivas

Corte de Apelación rechaza apelación y garantiza reparación a víctimas del colapso del Jet Set

La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó las medidas cautelares que congelan RD$500 millones en bienes de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, una tragedia que marcó a República Dominicana con 236 muertos y más de 80 heridos.

El tribunal, liderado por la magistrada Doris Josefina Pujols Ortiz, desestimó los argumentos de la defensa de los Espaillat, que incluía a los abogados Miguel Valerio, Ramón Emilio Núñez Núñez y otros, quienes alegaban que la pluralidad de víctimas podría generar una afectación patrimonial mayor a los RD$500 millones fijados por el juez Raymundo Mejía en la resolución 057-2026-SACO-00101 del 15 de junio de 2026.

La Corte aclaró que el embargo es una medida cautelar, instrumental y provisional, no una condena anticipada, y que su fin es asegurar fondos para una eventual reparación civil. Este criterio sienta un precedente en el derecho dominicano sobre cómo manejar la responsabilidad civil en casos de siniestros con múltiples víctimas, algo que podría influir en futuros litigios en la región del Caribe.

El fallo también subraya que el límite de RD$500 millones es preciso y que cualquier exceso en la ejecución puede corregirse mediante el artículo 50 del Código de Procedimiento Civil, lo que da seguridad jurídica tanto a los imputados como a los demandantes. La decisión fue tomada en cámara de consejo, con la ausencia justificada del magistrado Rafael Báez García por vacaciones.

Mientras el caso avanza a juicio, la diáspora dominicana y observadores internacionales siguen de cerca este proceso, que no solo busca justicia para las 236 víctimas, sino que también podría redefinir los estándares de seguridad en lugares de entretenimiento en todo el país y sentar bases para la protección de los derechos de las víctimas en la región.

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