Ambientalistas ven riesgo de que la medida castigue a campesinos y no al gran capital
El decreto 615-26 del presidente Luis Abinader, que declara el ‘terrorismo ambiental’ como delito en áreas protegidas, genera debate nacional: mientras algunos lo aprueban, otros exigen que se aplique primero a grandes proyectos estatales y privados que han dañado ecosistemas.
La lucha contra el ‘terrorismo ambiental’ en República Dominicana ha dado un paso normativo con el decreto 615-26, pero ambientalistas y miembros de la Academia de Ciencias advierten que su aplicación podría ser selectiva. En declaraciones a Listín Diario, los expertos subrayan que las mayores amenazas a los parques nacionales provienen de actividades como la minería, la extracción de arena y la construcción de infraestructuras con respaldo oficial, no de campesinos que buscan subsistir.
Enrique de León, activista del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, fue tajante: ‘Llamamos al presidente a ser consecuente. No se trata de declarar ecoterroristas a campesinos pobres, sean dominicanos o haitianos, que entran a un parque a tumbar palos. El gran peligro es el gran capital, que incluso tiene respaldo del Gobierno y del Ministerio de Medio Ambiente’.
Como ejemplos de esta tendencia, De León citó el Refugio de Vida Silvestre Manglares Puerto Viejo en Azua, donde barcazas eléctricas han causado mortandad de peces y enfermedades en la población, y el Parque Nacional Manglares de Estero Balsa en Monte Cristi, donde se destruyeron más de 500,000 metros cuadrados de bosque seco para instalar dos superplantas de gas natural de 860 megavatios, a menos de 59 metros del corazón del parque, con autorización estatal.
El activista calificó estas acciones como ‘barbaridad’ y pronosticó la exterminación de la mayor concentración de manglares de las Antillas. Mientras tanto, Adolfo José López Belando, de la Academia de Ciencias, apoya el decreto pero insiste en que se necesitan recursos para el Ministerio de Medio Ambiente y un respaldo firme al Viceministerio de Áreas Protegidas para frenar las presiones de políticos, militares y empresarios que buscan beneficiarse de estas zonas.
El debate coloca a República Dominicana en el centro de una tendencia regional: cómo equilibrar el desarrollo económico con la conservación ambiental, un desafío que también enfrentan otros países del Caribe y América Latina, y que interesa a la diáspora dominicana que sigue de cerca la gestión de los recursos naturales de su país.
