La alianza contra el crimen organizado avanza mientras organizaciones de DD.HH. alertan sobre riesgos
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, se reunieron este lunes en el Pentágono para revisar la cooperación en seguridad regional y los programas conjuntos contra el narcotráfico.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, visitó este lunes el Pentágono en Washington y dialogó con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, sobre la vigente cooperación en materia de seguridad regional entre ambos países. Hegseth elogió a Noboa como «un socio ejemplar» en la lucha contra las redes que amenazan la seguridad del hemisferio compartido.
Noboa, quien viajó a Estados Unidos para observar el juego inaugural de Ecuador ante Costa de Marfil en Filadelfia el domingo, agradeció a Hegseth por el trabajo conjunto. El secretario de Estado agradeció al líder ecuatoriano por «ser miembro fundador del programa Escudo de las Américas del presidente Trump y de nuestra Coalición Estadounidense contra los Carteles, A Triple C».
El mandatario ecuatoriano calificó la reunión como una oportunidad de actualizar el trabajo realizado de manera conjunta en las últimas semanas y agregó que era una conversación pendiente desde febrero, última vez que se reunieron. Hegseth deseó a Noboa que su país logre un buen papel en la Copa Mundial y dijo que espera que la selección ecuatoriana pueda «ofrecer más» en los juegos pendientes.
Ecuador y Estados Unidos han reforzado su cooperación en seguridad con intercambio de inteligencia, capacitación de fuerzas armadas y apoyo en operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado. También han impulsado iniciativas regionales como la Coalición contra los Cárteles y programas de coordinación militar y policial para combatir redes transnacionales. Sin embargo, esta colaboración ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos debido a la militarización de la seguridad en Ecuador, detenciones masivas y el uso de estados de excepción, que según estas organizaciones pueden afectar el debido proceso y las garantías básicas.
