Sentencias europeas marcan la frontera entre investigar y fabricar delitos, un reto global
Las técnicas de investigación encubierta son vitales contra el crimen organizado, pero la Corte Europea de Derechos Humanos ha fijado límites claros. Estas doctrinas, aplicadas en República Dominicana, podrían transformar la lucha contra la corrupción y el narcotráfico.
En un mundo donde el crimen organizado se sofistica, los Estados recurren a agentes encubiertos y operaciones controladas. Sin embargo, la línea entre investigar y provocar un delito es delgada. La Corte Europea de Derechos Humanos, en el caso Teixeira de Castro vs. Portugal (1998), sentó un precedente: las autoridades no pueden crear el delito para luego castigarlo, ni siquiera en la lucha contra las drogas.
El caso involucró a dos policías que, sin indicios contra Teixeira de Castro, lo indujeron a conseguir heroína. La Corte determinó que no hubo una investigación pasiva, sino una influencia que provocó el delito. Esto implica que, si la policía dominicana actúa de forma similar, las evidencias serían inadmisibles y los procesos judiciales fracasarían.
Diez años después, en Ramanauskas vs. Lituania, la Gran Sala reforzó la doctrina: si una alegación de provocación es creíble, la acusación debe probar que no existió incitación. Para República Dominicana, esto significa que los fiscales deben ser rigurosos al justificar operativos, especialmente en casos de corrupción y narcotráfico que impactan a la diáspora y la imagen internacional del país.
La tendencia global es proteger los derechos fundamentales incluso en la lucha contra delitos graves. En el país, la jurisprudencia europea puede servir como guía para jueces y legisladores, mientras la sociedad demanda justicia sin abusos. La diferencia entre descubrir y fabricar un delito es el corazón de un proceso justo.
El debate está abierto: ¿cómo equilibrar la seguridad nacional con las garantías individuales? La respuesta, según estos fallos, es clara: el Estado no puede cruzar la línea de la provocación, o perderá su legitimidad ante los tribunales y la comunidad internacional.
