Asoduarte pasa de 116 a 15 miembros y cuestiona importaciones y cumplimiento fiscal
La transformación comercial de la avenida Duarte evidencia el impacto del comercio chino en República Dominicana, con denuncias de subvaluación y falta de regulación que el Gobierno dice estar supervisando.
Durante años, la avenida Duarte fue un imán de compradores. La afluencia era tal que los vendedores cerraban las puertas de sus establecimientos hasta que salieran los clientes para luego permitir la entrada de quienes esperaban en las afueras. Los miembros de la Asociación de Comercios de la Avenida Duarte (Asoduarte), en su mayoría segunda generación de propietarios, recuerdan aquella época. Sus familiares, casi todos migrantes, levantaron negocios que todavía permanecen en la zona. Pero de aquella Duarte queda poco.
Para los comerciantes agrupados en Asoduarte, el problema actual no es que llegara una nueva nacionalidad a esa zona. Su principal cuestionamiento es otro: consideran que el Estado no supo administrar ni regular el crecimiento del comercio chino en el país. Los vendedores sitúan el inicio de esta transformación en 2018, con la llegada de nacionales chinos que abrieron nuevas tiendas. ‘En un inicio, éramos 116 integrantes. Hoy día, quedamos 15. Lo demás es todo comercio chino’, observa José Luis García, representante de la entidad.
Asoduarte reúne a propietarios de negocios de diferentes tamaños y tipos de mercancías. Para pertenecer a la organización se debe ser dueño de una tienda y tener más de cinco años dentro de la avenida. Incluso cuentan con asociados establecidos en calles perpendiculares a la Duarte. Antes hubo locales chinos dentro de la asociación. Hoy solo queda uno. Los comerciantes explican que una de las dificultades para aceptar a algunos de estos negocios es que funcionan en locales alquilados y cambian de nombre con frecuencia. Por ende, no poseen un Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) fijo.
El grupo sostiene que todos los establecimientos deben cumplir las mismas obligaciones. Desde el proceso de importación y el pago de impuestos hasta la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), la empleomanía y el cumplimiento del reglamento 80/20, que exige que al menos el 80% de los trabajadores sean dominicanos. Su cuestionamiento surge porque, a pesar de las denuncias y de situaciones que consideran visibles, algunos establecimientos que, según ellos, incumplen las regulaciones permanecen abiertos. ‘O se regularizaron o llegaron a algún tipo de acuerdo para abrir o seguir trabajando’, alerta Robert Fernández, otro miembro del grupo.
El planteamiento de los comerciantes coincide con otro aspecto: la forma en que ingresan las mercancías al país. Hace unos días, el presidente Luis Abinader informó que el Gobierno supervisa a las empresas chinas dedicadas al comercio en la República Dominicana y que las autoridades revisan las declaraciones que realizan ante Aduanas sobre mercancías importadas. Para los comerciantes, uno de los principales problemas comienza en la importación. Denuncian que mientras a los negocios tradicionales les verifican minuciosamente los furgones en Aduanas, a otros competidores les ingresan contenedores cerrados sin abrir. Según afirman, esto facilita la subvaluación de mercancías y la entrada de artículos falsificados de marca. Juan Luis Santos advierte que la venta de pro
