Denuncias por escasez de medicamentos y contratos millonarios marcan su gestión en dos instituciones clave
Adolfo Pérez, figura clave del gobierno del PRM desde 2020, ha pasado por PROMESE/CAL y el Inabie, dejando tras de sí un rastro de cuestionamientos que incluye desde la escasez de fármacos hasta contratos por 110 millones de pesos para el almuerzo escolar en San Pedro de Macorís.
Adolfo Pérez ha sido parte del tren gubernamental desde el inicio de la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en 2020, liderando dos instituciones de alta sensibilidad social y presupuestaria. Su primer cargo fue como director del Programa de Medicamentos Esenciales (PROMESE/CAL), popularmente conocido como las ‘farmacias del pueblo’.
Sin embargo, su paso por esa institución estuvo marcado por múltiples cuestionamientos y denuncias. Entre 2021 y 2025, un persistente flujo de quejas inundó la opinión pública debido a la escasez de fármacos, especialmente aquellos destinados a tratamientos de alto costo. Esa institución tiene una partida presupuestaria anual de RD$3,176 millones para la compra de medicamentos para personas de escasos recursos.
Un estudio presentado en 2025 por la firma internacional Pulsómetro Mediciones Estratégicas reveló que el 84 % de los encuestados consideraba que la calidad del servicio y la eficiencia en el suministro de medicamentos había empeorado bajo su dirección. A pesar de estos cuestionamientos, el 16 de agosto de 2025 Pérez fue designado al frente del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), mediante el decreto 461-25, entidad que maneja un presupuesto anual de RD$34 mil millones.
A un poco más de un año en esa entidad, las controversias continúan acompañando al funcionario, ya que recientemente se ha denunciado que dos jóvenes con escasa experiencia y una empresa de recién creación obtuvieron contratos por 110 millones de pesos para suplir el almuerzo escolar en centros educativos de San Pedro de Macorís. Ante esta situación, Pérez dispuso reforzar las reinspecciones y los procesos de revisión internos, además de apoderar a los organismos de control competentes para investigar a fondo las denuncias de supuestas irregularidades dentro de la institución.
