Reflexiones sobre la sostenibilidad de la pequeña empresa en una economía de alta informalidad Abrir un pequeño negocio representa mucho más que iniciar una actividad económica.
Detrás de cada empresa existe un proyecto de vida, el esfuerzo de una familia o el anhelo de alcanzar independencia mediante un trabajo propio.
Formalizar ese sueño constituye el primer gran paso hacia el crecimiento, pero también marca el inicio de una realidad administrativa y financiera que muchos pequeños empresarios descubren solo cuando comienzan a operar.
La formalidad implica asumir obligaciones contables, laborales, tributarias, legales y administrativas indispensables para desarrollar una actividad conforme a la ley.
Estas responsabilidades no deben entenderse como un obstáculo, sino como la base que permite acceder a nuevos mercados, fortalecer la reputación comercial y generar oportunidades de crecimiento.
El verdadero desafío aparece cuando esa estructura debe sostenerse en un mercado donde no todos los competidores operan bajo las mismas condiciones.
Una empresa formal incorpora en sus costos todas las obligaciones derivadas de cumplir con el marco legal.
En cambio, quienes participan desde la informalidad pueden ofrecer precios menores al no asumir gran parte de esas cargas.
La consecuencia es una competencia desigual en la que el precio no siempre refleja mayor eficiencia, sino diferentes niveles de responsabilidad frente a la ley.
En ese contexto, cualquier incremento en los costos de operación impacta con mayor intensidad a quienes ya cumplen con sus obligaciones.
La reciente Ley núm.
30-26 reavivó ese debate al introducir cambios que inciden en la realidad tributaria de las empresas.
Sin embargo, la discusión trasciende una reforma fiscal y plantea una pregunta de mayor alcance: ¿cómo incentivar la formalidad cuando competir dentro de ella resulta cada vez más costoso para las pequeñas empresas? La respuesta no consiste en cuestionar la necesidad de contribuir al sostenimiento del Estado.
Toda sociedad necesita recursos para financiar sus servicios públicos e instituciones.
El verdadero desafío radica en lograr que esa contribución sea compatible con la sostenibilidad de quienes deciden desarrollar sus actividades dentro de la legalidad.
Muchos pequeños empresarios perciben que el esfuerzo económico que realizan para mantenerse formales no encuentra una correspondencia clara en la calidad de los servicios públicos que reciben.
Más allá de que esa percepción pueda ser objeto de debate, influye en la confianza hacia las instituciones y en la decisión de permanecer dentro de la economía formal.
Por ello, fortalecer la formalidad exige algo más que aumentar las obligaciones tributarias.
También requiere mejorar la competitividad, simplificar procesos, fortalecer los servicios públicos y generar incentivos que hagan viable permanecer en el mercado.
La formalidad es indispensable para el desarrollo económico.
Pero para que más pequeñas empresas decidan asumirla y, sobre todo, mantenerse en ella, también debe convertirse en una decisión económicamente sostenible.
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