El caso de estafa inmobiliaria que afectó a 426 personas sigue sin juicio preliminar casi dos años después
Las víctimas de la red de estafa inmobiliaria desmantelada en 2025 bajo la Operación Guepardo reclamaron a la Procuraduría General de la República que acelere la extradición de la presunta líder, Loany Lismeiry Ortiz Nova, quien permanece en Colombia mientras el proceso judicial en República Dominicana avanza lentamente.
La Operación Guepardo, como bautizó el Ministerio Público al caso, se dio a conocer en febrero de 2025 con la detención de los primeros de 10 imputados. La presunta red habría utilizado las empresas Novasco Real Estate S.R.L. y plataformas como RE/MAX ONE RD para ganar credibilidad y ofrecer proyectos como ‘La Romana Victoriana Residences’ y ‘Bávaro Victoriana Residences’, que nunca se materializaron. El fraude asciende a más de 18 millones de dólares y 214 millones de pesos.
Ruth Pérez, quien lideró la protesta frente a la Procuraduría, denunció el ‘duro golpe’ que este fraude ha representado para la sociedad dominicana, especialmente para la clase media y los ancianos que invirtieron sus ahorros de toda la vida. ‘Le dieron un duro golpe a la sociedad dominicana, la clase media, ahorrando el dinerito, todo el dinero de vida de muchos ancianos’, expresó Pérez, quien asiste a las diligencias judiciales en representación de su hijo, una de las víctimas que invirtió ‘todo el fruto de su trabajo’ en un apartamento.
La abogada Carolina Núñez, quien representa a 136 de las 426 víctimas, señaló que la mayoría de los afectados superan los 60 años. Núñez indicó que Ortiz Nova ha recurrido a ‘artificios legales’ en Colombia para buscar protección de las autoridades de ese país, y que la acusación fue presentada en abril de 2026 pero aún no ha comenzado a leerse en el tribunal que conoce el juicio preliminar.
Además de Ortiz Nova, están acusados Samayra del Rosario Barreto, hija del conocido narcotraficante Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña); Yves Alexandre Giroux, Ro… (lista incompleta en el original); y la venezolana Keylis Sarahi Belfon Arismendi, detenida en Colombia en noviembre del pasado año. Las víctimas exigen celeridad para que los responsables enfrenten la justicia.
