El caos del tránsito en nuestras calles es una proyección del caos de nuestra sociedad, una muestra del nivel de colapso institucional del Estado dominicano y una prueba inequívoca de la incompetencia de nuestras autoridades en hacer cumplir las leyes.
El concepto “autoridad” es ajeno a las autoridades del tránsito de este país.
Sólo hay que pararse en una esquina y observar; o transitar en cualquier calle, avenida, autopista, túnel o elevado –en cualquier lugar y hora– para ver el mismo patrón de comportamiento: agentes observando y casi todo el mundo violando la ley de tránsito.
En el sector salud, los grandes números del sistema esconden desafíos dobles –a nivel presupuestario y de políticas públicas–, no sólo porque son contundentes y capaces de descuadrar cualquier presupuesto, sino porque detrás de esa única cifra, se esconde una sumatoria de muchas pequeñas cifras, y, detrás de estas, tragedias personales y familiares que también son tragedias nacionales.
A propósito del reportaje de ayer del Listín Diario, donde informaba que “El tratamiento y manejo médico de un paciente lesionado por un siniestro de tránsito en la República Dominicana oscila entre los RD$200 mil y los RD$2 millones”, en febrero de 2026 el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Dr.
Julio Landrón, revelaba que los costos de atención y gestión de los accidentes de tránsito representaban el 1.8% del PIB.
Si tomamos en cuenta que el PIB nominal de 2025 fue de US127,900 millones, estaríamos hablando de US2,302 millones, es decir, unos RD$145,292 millones aprox.
(US63.11 x 1).
Si los argumentos de seguridad ciudadana, ordenamiento vial, civismo, preservación de vidas humanas, salud pública, legalidad, respeto a las leyes o convivencia social le son insuficientes a las autoridades, o, sencillamente le importan un carajo, el argumento de sostenibilidad económica debería funcionar más que todos los otros juntos.
Puestos a buscar dinero, para un gobierno que acaba de celebrar como un gran logro político (que lo es) la aprobación de un plan anticrisis (cuya aprobación era necesaria) que apenas recaudará RD40,000/RD50,000 millones, hacer cumplir la ley de tránsito supondría una disminución de los accidentes y, por ende, del gasto de salud en ese rubro.
Pero no, coger el toro por los cuernos, ponerse los pantalones y hacer cumplir la ley, eso nunca.
Mejor que la SISARIL, en febrero de 2026, aumentara el límite de cobertura por accidentes de tránsito (correctamente) a RD$1,393,380 (en marzo 2025 lo había incrementado de RD$1,161,150 a RD$1,300,488) para que las ARS costeen lo que presupuestariamente el SNS no puede, ya que destina el 70% de su presupuesto en empatar huesos de gente que andaba calibrando y suturar cabezas que andaban sin cascos protectores.
El gobierno que calcule cuántos hospitales, unidades de atención primaria, calles, puentes, cuarteles de bomberos, policías, escuelas o polideportivos podría construir si se ahorra la mitad de lo que gasta en accidentes.
Hacer cumplir la ley del tránsito, señores del gobierno, ¡les generaría más dinero que cualquier reforma fiscal! Tags relacionados LAS MÁS RECIENTES california los ángeles.
