La retención de vehículos por la Fiscalía retrasa la respuesta del seguro y afecta a los asegurados
En la República Dominicana, la retención de vehículos tras accidentes con lesionados o fallecidos es parte del proceso investigativo. Pero esta práctica genera un efecto colateral: el proceso del seguro se detiene, los días de renta se agotan y los asegurados enfrentan largos períodos sin movilidad.
Cuando ocurre un accidente de tránsito con personas lesionadas o fallecidas, las autoridades retienen los vehículos involucrados para garantizar la determinación de responsabilidades y preservar evidencias. Es una actuación válida y necesaria. Sin embargo, a partir de ese momento, el proceso del seguro prácticamente se detiene: ni la aseguradora puede evaluar, ni el taller inspeccionar, ni iniciar la autorización y reparación. Mientras tanto, los días continúan avanzando.
Muchos conductores cuentan con pólizas fuel que incluyen beneficios como plan renta o vehículo sustituto por una cantidad limitada de días. Esos días suelen empezar a consumirse mientras el vehículo todavía permanece retenido, incluso antes de iniciar la reparación. En otras palabras, el cliente pierde tiempo valioso sin que el proceso técnico haya comenzado realmente. A esto se suma que las piezas de muchos vehículos pueden tardar semanas en llegar, especialmente en unidades modernas o de categorías específicas.
Si se agregan los días de retención, los días de espera por piezas y finalmente los días de reparación, el resultado puede convertirse en un largo período sin vehículo para el asegurado. Esto no solo impacta la comodidad; también afecta la productividad, el trabajo, la familia y la estabilidad económica. La pérdida no solo está en los daños del accidente, sino en los días acumulados de espera, incertidumbre y limitación.
Por eso, más que una crítica al sistema, esta reflexión busca convertirse en una propuesta. Sería de gran valor que las autoridades y el sector asegurador evaluaran mecanismos que permitan que, aun cuando un vehículo permanezca retenido por fines investigativos, las aseguradoras tengan autorización para iniciar ciertos procesos técnicos y administrativos. Por ejemplo: permitir inspecciones preliminares de los ajustadores, autorizar levantamientos fotográficos y evaluaciones técnicas, facilitar cotizaciones anticipadas de piezas y mano de obra, permitir que los talleres puedan adelantar diagnósticos, e incluso estudiar la posibilidad de liberar procesos parciales mientras concluye la investigación judicial. Este tipo de coordinación no afectaría necesariamente el proceso legal, pero sí podría reducir significativamente el tiempo de respuesta hacia el ciudadano. Al final, el vehículo retenido no deja de ser una propiedad privada asegurada, y el conductor, aun en medio de una investigación, continúa teniendo necesidades de movilidad y compromisos diarios. La modernización de los procesos también debe incluir sensibilidad hacia el tiempo del asegurado.
