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Nacional

El Estado dominicano se replantea: de informar a escuchar al territorio

El Estado dominicano se replantea: de informar a escuchar al territorioEl Estado dominicano se replantea: de informar a escuchar al territorio

Ruta por la Ciudadanía recorre 32 provincias para transformar leyes en capacidad ciudadana

La Ruta por la Ciudadanía, que inició en Dajabón y continuará cada lunes y viernes hasta diciembre por las 32 provincias, busca que los ciudadanos comprendan el nuevo Código Penal y ejerzan sus derechos. La segunda parada fue Nagua, donde se confirmó que el territorio no solo recibe respuestas, sino que también aporta conocimiento.

El Estado dominicano enfrenta una prueba de fondo: pasar de un modelo diseñado para hablar, informar y reglamentar, a uno que también sepa escuchar. La Ruta por la Ciudadanía, que arrancó en Dajabón y que cada lunes y viernes hasta diciembre recorrerá las 32 provincias, es un intento concreto de ese cambio. Nagua fue la segunda parada de un recorrido que busca convertir una ley técnicamente compleja, como el nuevo Código Penal, en conocimiento útil para la ciudadanía.

La metodología evita las conferencias tradicionales. Incluye contenidos comunes, facilitadores, situaciones prácticas, tarjetones pedagógicos, conversatorios, instituciones públicas, alcaldías, mesas comunitarias, juntas de vecinos y organizaciones sociales; además de transmisión por streaming, recursos digitales y continuidad formativa. La pregunta que guía todo es cómo lograr que una persona que necesita ejercer un derecho comprenda la norma sin convertirse en abogado.

El enfoque parte de la vida cotidiana: una amenaza, una posible estafa, una fotografía privada difundida sin consentimiento, un conflicto familiar, una situación que quizá constituya una infracción o quizá requiera más información antes de afirmarlo. Luego se llega a la norma. La secuencia —reconocer, proteger, conservar, orientarse y actuar— transforma información jurídica en capacidad ciudadana. Una lección democrática central es que denunciar no equivale a condenar: hay que proteger a la posible víctima y preservar el debido proceso del señalado.

Pero la educación ciudadana no puede ser unidireccional. Si se convoca a una junta de vecinos, una mesa comunitaria, una alcaldía, una organización social o un ciudadano solo para transmitir lo que las instituciones ya saben, se desaprovecha una fuente extraordinaria de conocimiento. Quien vive en una comunidad sabe qué problemas se repiten, qué institución responde, dónde aparece la confusión, qué procedimiento resulta incomprensible y cuántas puertas.

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