Justicia, Encuentro y Perdón exige verificación internacional y transparencia sobre 25 reclusos
La organización no gubernamental venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció este martes que la cárcel El Helicoide, sede del SEBIN y señalada como centro de torturas, continúa funcionando a pesar de que la presidenta encargada Delcy Rodríguez ordenó su cierre en enero pasado. La ONG afirma que al menos 25 presos políticos permanecen recluidos en el lugar.
En una publicación en X, la JEP indicó que, aunque existió un anuncio oficial tras los eventos del 3 de enero de 2026, los registros actualizados de la organización confirman que al menos 25 presos políticos siguen en El Helicoide. «No es posible considerar clausurado un espacio mientras existan ciudadanos privados de libertad en su interior», subrayó.
La ONG hizo un llamado a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales a mantener el seguimiento del caso bajo un criterio de verificación de hechos. También exhortó a las autoridades venezolanas a que haya transparencia sobre el estatus real de esta cárcel y la atención prioritaria sobre la situación jurídica de estos 25 detenidos.
El Helicoide, una estructura inconclusa de la década de 1950 que fue concebida originalmente como centro comercial, pasó luego a convertirse en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Ese lugar ha sido descrito como un centro de «torturas» por opositores y activistas defensores de derechos humanos, mientras que la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha documentado casos de torturas y abusos ocurridos allí. El Gobierno venezolano, en tanto, siempre ha negado estos señalamientos.
En febrero pasado, el Gobierno de Rodríguez informó sobre el comienzo de los trabajos de remodelación de El Helicoide para convertirla en un centro social, como pidió la mandataria encargada el pasado 30 de enero. La propuesta surgió en medio de su iniciativa de una ley de amnistía para los presos políticos que fue aprobada por el Parlamento, controlado por el chavismo, en febrero. Rodríguez dio a conocer la medida semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablara del cierre de una «cámara de torturas» en la capital venezolana.
