Un giro político que marcó la historia constitucional del país
La Constitución de 1966, la más longeva del país, fue el resultado de una maniobra política que concentró el poder en el Ejecutivo, un hecho que sigue influyendo en la democracia dominicana y su proyección internacional.
El 28 de noviembre de 1966, República Dominicana adoptó una Constitución que rigió durante 28 años, un récord en su historia. Pero su origen estuvo marcado por una desviación del Acuerdo Institucional de 1965, que establecía la creación de una Asamblea Constituyente electa para resolver el problema constitucional, tras la crisis de 1965 y la intervención militar de Estados Unidos.
El Acto Institucional, firmado por Francisco Alberto Caamaño Deñó y Héctor García Godoy, fue claro: el gobierno electo debía convocar a una Asamblea Constituyente. Sin embargo, Joaquín Balaguer, quien ganó las elecciones del 1 de junio de 1966 con el 57.4% de los votos y obtuvo una mayoría aplastante en el Congreso (22 de 27 senadores y 48 de 74 diputados), impulsó la Ley 17 de 1966, que permitió al propio Congreso Nacional actuar como Asamblea Constituyente, eliminando la necesidad de una asamblea especial.
Esta maniobra, analizada por expertos como un ejemplo de ‘constituyente derivado’, reflejó la visión centralizadora de Balaguer y su partido, el Reformista. Al controlar el proceso, lograron una Constitución que concentró el poder en el Ejecutivo, un modelo que contrasta con las tendencias descentralizadoras que comenzaban a surgir en América Latina y que ha sido objeto de estudio en la ciencia política comparada.
El contexto internacional de la Guerra Fría y la presencia de la OEA, liderada por Ellsworth Bunker, influyeron en el escenario, pero la decisión final fue local. Para la diáspora dominicana y los observadores internacionales, este episodio subraya cómo los procesos constituyentes pueden ser moldeados por las élites políticas, un tema de relevancia actual en los debates sobre reforma constitucional en la región.
La Constitución de 1966 sentó las bases del sistema político dominicano durante casi tres décadas, y su legado persiste en la cultura política del país, donde la concentración del poder sigue siendo un tema de debate nacional.
