Experto pide al Congreso legislar contra reinscripción forzada en colegios
El abogado Hamlet Hilario denunció que los colegios privados cobran una matrícula nueva a estudiantes que no han sido desinscritos, una práctica que califica de impuesto privado y contrato de adhesión sin contrapeso. La denuncia, sin localización específica, expone un problema nacional que afecta a familias de todos los estratos.
En un análisis titulado ‘El peaje escolar: Pagar por lo que ya es tuyo’, el abogado Hamlet Hilario cuestionó el cobro de reinscripción que aplican los colegios privados cuando un estudiante no ha sido desinscrito formalmente. Si la relación institucional sigue activa, argumenta, cobrar para ‘separar’ el cupo del mismo alumno en el mismo centro es un absurdo financiero. La práctica funciona como un impuesto privado y un portillo a la discrecionalidad económica de los centros educativos.
Hilario advierte que las familias están atrapadas en un contrato de adhesión sin contrapeso. Cambiar a los niños de escuela genera un costo emocional y social enorme para los menores, y los colegios lo saben. Convierten la reinscripción en un mecanismo de presión donde el usuario no puede negociar. El experto aclara que no se trata de negar la sostenibilidad de los centros, sino de equidad: cobrar matrícula nueva es válido para estudiantes que ingresan por primera vez, pero repetir el cobro al mismo estudiante por avanzar de curso desafía el sentido común del derecho de contratos.
El abogado criticó que el Ministerio de Educación y Pro Consumidor han emitido llamados aislados o acuerdos tibios. No basta con llamados a la cordura, subraya; se necesita un marco legal claro y punitivo. El Congreso Nacional tiene una deuda pendiente: urge una ley que tipifique como abusivo el cobro de reinscripción cuando no existe interrupción en el historial del estudiante.
Poner un alto a esta práctica no es ir contra la empresa privada, sostiene Hilario, sino proteger a la clase media y trabajadora de un acoso financiero recurrente. La educación no puede seguir tratándose como un botín de guerra económica, concluye. La denuncia se enmarca en un debate regional sobre costos educativos y derechos del consumidor, y plantea la necesidad de mayor regulación en toda Latinoamérica.
