La batalla legal del príncipe Enrique expone tensiones sobre protección y gasto público.
El príncipe Enrique ha acusado a las autoridades británicas de ignorar una amenaza terrorista, un caso que reaviva el debate sobre la seguridad de la realeza y el uso de fondos públicos en un contexto internacional.
DUBLÍN.- El príncipe Enrique, hijo del rey Carlos III, ha acusado a las autoridades del Reino Unido de ignorar una amenaza terrorista contra su persona mientras vivía en Estados Unidos con su familia, según informó este domingo ‘The Sunday Times’. La publicación llega cuatro días después de que los duques de Sussex regresaran a Reino Unido con sus hijos, Archie y Lilibet, seis años después del ‘Megxit’.
Este caso se enmarca en una tendencia global: la seguridad de las figuras públicas y el equilibrio entre protección y privacidad. Enrique ha mantenido una batalla legal con el Ministerio del Interior desde que dejó de ser miembro activo de la realeza en 2020, y su demanda de protección policial ha generado un intenso debate sobre quién debe asumir los costos.
En una carta a la ministra Shabana Mahmood, Enrique pidió que ella asuma la responsabilidad de decidir sobre su seguridad. Acusó al presidente del Comité Ravec de no haber transmitido información sobre una amenaza de Al Qaeda en 2023. El duque argumenta que su servicio en Afganistán (30 semanas en 10 años) justifica la protección estatal, aunque sus memorias ‘En la sombra’ generaron controversia por sus declaraciones sobre bajas talibanes.
El costo estimado de la seguridad sería de 5 millones de libras (5,8 millones de euros) anuales, según el Daily Express, lo que plantea preguntas sobre el uso de recursos públicos. El primer ministro Andy Burnham ha evitado opinar, diciendo que es un asunto privado. Para los dominicanos, este caso refleja cómo las decisiones de las monarquías europeas pueden tener implicaciones en la percepción de justicia y gasto público en todo el mundo.
La diáspora dominicana en Reino Unido y Estados Unidos sigue de cerca este desarrollo, que podría sentar precedentes sobre cómo se manejan las amenazas terroristas y la protección de figuras de alto perfil en democracias occidentales.
