La oposición y el Gobierno miden fuerzas en un debate que define el futuro económico del país
El expresidente Leonel Fernández, líder de la Fuerza del Pueblo, calificó desde Madrid las propuestas fiscales del Gobierno como una «reforma fiscal disfrazada», reavivando el debate tributario en República Dominicana. El intercambio ocurre en un contexto de presión inflacionaria y desafíos estructurales que marcan la agenda nacional.
Las declaraciones de Leonel Fernández desde Madrid han reavivado el debate más sensible de la economía dominicana: la reforma fiscal. Al calificar las recientes propuestas gubernamentales como una «reforma fiscal disfrazada», Fernández sintoniza con un histórico rechazo popular hacia el aumento de las cargas impositivas, en un contexto donde la inflación y el costo de la vida siguen presionando los presupuestos familiares.
El debate actual no es un hecho aislado; es el resultado de un proceso de marchas y contramarchas que se ha intensificado en los últimos años. La administración del presidente Luis Abinader ha intentado reestructurar las finanzas del Estado, cumpliendo con el mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12) pero chocando repetidamente con la resistencia social. El debate se divide entre la necesidad técnica del Estado de sostener el desarrollo y la realidad de los ciudadanos que sufren la pérdida de poder adquisitivo.
La oposición, liderada por Fernández y la FP, argumenta que llamar a estas medidas «mitigación» o «ajustes de mercado» es un eufemismo. Señalan que el Estado ha manejado presupuestos históricos sin solucionar problemas estructurales como las pérdidas en el sector eléctrico, el transporte y el agua potable, y aseguran que en el contexto económico internacional actual, sumarle presión tributaria a los sectores vulnerables y a la clase media es inviable. La FP utiliza el rechazo a estas medidas para consolidar su estructura de cara a los ciclos electorales del 2028, presentándose como el «escudo social» de los trabajadores y la diáspora.
Por otro lado, tanto el Ministerio de Hacienda como el Fondo Monetario Internacional (FMI) sostienen que la República Dominicana tiene una de las presiones fiscales más bajas de la región (cercana al 13-14% del PIB). Sus argumentos se basan en la sostenibilidad de la deuda y en que el país necesita reducir su dependencia del endeudamiento externo para financiar el gasto corriente. Además, se requieren recursos urgentes para infraestructuras resilientes, cuyas pérdidas por tormentas e inundaciones promedian el 0.5% del PIB anual. Para alcanzar el Grado de Inversión, los inversionistas exigen una base de ingresos tributarios más sólida y la reducción de exenciones fiscales (que representan cerca del 5% del PIB). El nuevo plan «Anticrisis» (2026) busca mitigar el impacto político y social que tumbó la reforma del 2024, estructurándose de forma diferenciada. Como señala Fernández en Madrid, la ciudadanía reacciona con extrema sensibilidad a cualquier término que implique pagar más; el reto del Gobierno es demostrar que cada peso recaudado se traducirá en una verdadera mejora.
