Apelación en la Corte del Distrito Nacional reabre el debate sobre la responsabilidad del Estado con las evidencias
La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fijó para el 18 de noviembre el fallo sobre el recurso de la Procuraduría para revocar una condena de RD$7.5 millones por no devolver un celular Samsung valorado en 3,200 pesos a un imputado de corrupción. El caso pone en el centro la eficacia de las órdenes judiciales frente al Estado.
La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional escuchó este martes el fondo del recurso interpuesto por la Procuraduría General de la República y fijó para el 18 de noviembre su fallo. La institución busca revocar la decisión que la condenó al pago de RD$7.5 millones por no devolver un teléfono Samsung del 2012, valorado en 3,200 pesos, a Juan Francisco Álvarez Carbuccia, imputado por presunta corrupción.
La condena deriva de una astreinte de 20 mil pesos diarios impuesta por la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de Instrucción, por el incumplimiento de una resolución del año pasado que ordenaba entregar 16 bienes incautados. Solo faltaba el Samsung. El abogado Jhon Manuel Frías, representante de Álvarez Carbuccia, sostuvo que la astreinte ‘no busca indemnizar el valor del celular. Su finalidad es obligar al Estado a cumplir una orden judicial’.
El Ministerio Público alegó que el dispositivo estaba en el Inacif para una extracción de datos y luego fue trasladado al almacén de evidencias, donde se extravió tras una ‘mudanza demasiada apresurada’. Los fiscales ofrecieron pagar el celular, pero la jueza argumentó que no se justificó razonablemente la imposibilidad de cumplir con la devolución. Frías concluyó que la sentencia confirma que las órdenes judiciales ‘deben cumplirse completa y oportunamente, especialmente cuando el obligado es una institución pública’.
Álvarez Carbuccia se desempeñó como director administrativo del Intrant durante la gestión de Hugo Beras y forma parte del grupo de 10 personas físicas acusadas por presunto sabotaje a la red semafórica y estafa contra el Estado. El caso, que trasciende el valor simbólico del teléfono, se ha convertido en un referente nacional sobre la custodia de evidencias y el respeto a las decisiones judiciales por parte de las instituciones públicas.
