A partir de agosto de este año entrará en vigor el nuevo Código Penal dominicano.
Entre sus múltiples disposiciones, incorpora sanciones más severas para los casos de mala práctica médica , incluyendo sanciones penales para conductas negligentes graves.
La medida ha sido recibida con satisfacción por quienes reclaman mayor protección para los pacientes, pero también ha despertado inquietudes entre profesionales de la salud que temen ejercer bajo una creciente presión legal.
El debate plantea una pregunta necesaria: ¿cómo garantizar justicia para las víctimas sin debilitar la confianza que sustenta la relación entre médico y paciente? Cuando entramos a un consultorio médico, no solo entregamos una ficha con nuestro nombre.
Entregamos nuestros temores, nuestras esperanzas y, en ocasiones, la posibilidad misma de seguir viviendo.
Ese acto tiene un nombre: confianza.
Por eso, nadie puede oponerse a que un paciente víctima de una verdadera negligencia encuentre justicia.
Nadie puede defender la imprudencia, la irresponsabilidad o la indiferencia cuando de por medio están la salud o la vida humana.
Sin embargo, entre tú y yo, la pregunta que hoy debemos hacernos es otra: ¿cómo proteger al paciente sin convertir al médico en un profesional que ejerza bajo el miedo permanente? Quien actúe con imprudencia, negligencia grave o desprecio por la vida de un paciente debe responder ante la justicia.
Y así debe ser.
Pero la medicina no es una ciencia exacta.
Dos personas con el mismo diagnóstico pueden reaccionar de manera distinta al mismo tratamiento.
Existen riesgos inherentes a cualquier procedimiento, complicaciones imprevisibles y enfermedades que, aun recibiendo la mejor atención disponible, terminan teniendo desenlaces dolorosos.
Por eso se entiende que el médico tiene una obligación de medios y no de resultados.
Debe actuar con diligencia, prudencia y apego a los protocolos aceptados, pero no puede garantizar la curación absoluta.
Quien opere bajo los efectos del alcohol, ignore deliberadamente protocolos básicos, oculte un error evitable o ponga en riesgo la vida de un paciente por descuido o imprudencia debe enfrentar las consecuencias de sus actos.
La impunidad nunca puede ser la respuesta.
Pero tampoco debe confundirse una complicación inevitable con una conducta criminal.
Del mismo modo que muchos pacientes temen quedar indefensos ante una negligencia, numerosos profesionales de la salud advierten sobre el riesgo de ejercer bajo una presión constante que termine afectando sus decisiones clínicas.
La preocupación es que el endurecimiento de las sanciones impulse la llamada medicina defensiva: ordenar estudios innecesarios, solicitar más interconsultas de las requeridas o evitar atender pacientes de alto riesgo para disminuir la posibilidad de una demanda.
El médico podría comenzar a pensar primero en el expediente y después en el enfermo; primero en cómo evitar una acusación y después en cómo asumir un riesgo razonable en beneficio del paciente.
Si eso ocurre, la factura terminará llegando a todos.
Las consultas podrían encarecerse, los seguros de responsabilidad profesional aumentarían sus primas y algunos especialistas podrían desistir de procedimientos complejos.
Al final, quienes asumirían ese costo serían los propios pacientes y sus familias.
Sin embargo, esta nueva realidad también puede convertirse en una oportunidad.
Expedientes clínicos más completos, consentimientos informados más rigurosos, protocolos claros y una cultura más sólida de seguridad del paciente pueden ayudar a fortalecer algo que ninguna ley puede imponer por decreto: la confianza entre médicos y ciudadanos.
La solución no está en escoger entre médicos o pacientes.
Una sociedad justa protege a quien ha sido víctima de una verdadera negligencia, pero también reconoce que ejercer la medicina implica enfrentar incertidumbres que ninguna ley puede eliminar.
El desafío no consiste en castigar más ni en castigar menos.
El verdadero desafío es preservar aquello que hace posible el acto mismo de curar: la confianza.
Porque quien entra a un consultorio lleva mucho más que síntomas: lleva miedos, dudas y la esperanza de recuperar su salud.
Y quien lo recibe enfrenta decisiones complejas y riesgos que no siempre pueden eliminarse.
Por eso, el equilibrio entre justicia y confianza no es un asunto exclusivo de médicos, abogados o jueces.
Es una necesidad de toda la sociedad.
Y entre tú y yo, el día en que el paciente tema al médico y el médico tema al paciente, habremos cruzado una frontera peligrosa.
Porque cuando el miedo ocupa el lugar de la confianza, comienza a perderse la esencia misma del acto de curar.
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