
Vocero Pesqueira detalla el procedimiento y revela que robos y homicidios lideran las causas
Un total de 318 personas con órdenes de arresto se han entregado voluntariamente a la Policía Nacional entre el 17 de agosto y el 21 de octubre de 2026, informó el vocero Diego Pesqueira. El aumento se produjo tras la advertencia del presidente Luis Abinader y del director policial Ernesto Rodríguez García a finales de septiembre.
El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, explicó este miércoles que el procedimiento para entregarse comienza cuando existe una orden de arresto emitida por un tribunal competente. La persona requerida puede presentarse en cualquier dotación policial, ya sea por cuenta propia o acompañada de un familiar, abogado, comunicador, religioso o representante de derechos humanos. Luego se inicia el proceso judicial correspondiente.
Pesqueira aclaró que no es obligatorio entregar un arma de fuego para presentarse voluntariamente, pero advirtió que en casos de homicidio la ausencia del arma homicida puede dificultar la investigación. ‘Si una persona ultima a alguien con un arma de fuego, luego no la entrega, se entrega él como persona y deja el arma, pues eso dificulta un poco la parte investigativa, porque se necesita el arma homicida’, declaró. La Policía coordina con el Ministerio Público para profundizar las pesquisas.
Las estadísticas presentadas revelan que los robos y asaltos motivaron 76 entregas (23.9%), seguidos por homicidios con 75 (23.6%) y narcotráfico con 49 (15.4%). También se registraron 38 casos de agresión y violencia (11.9%), 21 de vehículos robados (6.6%), 14 de delitos sexuales (4.4%) y 45 de otras infracciones (14.2%).
El informe detalla que 31 personas se entregaron entre el 17 y el 31 de agosto; 122 en septiembre; y 165 entre el 1 y el 21 de octubre. El incremento coincide con el llamado del presidente Luis Abinader y del director de la Policía, Ernesto Rodríguez García, a finales de septiembre. A inicios de octubre, la institución informó que tenía 53,000 órdenes de arresto pendientes, lo que convierte estas entregas en un indicador de la presión sobre la persecución penal en el país.









