El de San Pedro de Macorís dictó auto de apertura a juicio contra el regidor y la empresa , al concluir que la acusación presentada por el contiene pruebas suficientes para ser conocidas en un juicio de fondo, informó este jueves la procuraduría General de la República.
La decisión acoge la solicitud de la y Financiamiento del Terrorismo y mantiene las que pesan sobre los bienes de los imputados.
Durante la audiencia preliminar, el sostuvo que reunió , documentales, periciales, financieras, materiales y digitales que respaldan la acusación.
La consideró que esos elementos fueron obtenidos conforme a la ley y resultan pertinentes para ser debatidos en la etapa de juicio.
La procuradora de corte , titular interina de la , afirmó que la resolución valida el trabajo realizado por el equipo investigador y permitirá que las pruebas sean examinadas durante el proceso judicial.
La acusación fue presentada el pasado año contra y otros presuntos integrantes de una estructura dedicada al y al que, según el , era encabezada por , condenado previamente a 12 años de prisión.
Junto al regidor también fueron acusados , , , Moisés Francisco Astacio y la persona jurídica.
De acuerdo con la investigación, el principal acusado habría movilizado a través del y de dólares, recursos que presuntamente fueron utilizados para ocultar fondos provenientes del.
El sostiene que los demás implicados participaron en la adquisición de bienes, el lavado de dinero y otras actividades vinculadas a la organización.
La investigación se originó tras los realizados el , durante los cuales las autoridades ocuparon , con un peso de , además de armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, vehículos de lujo, joyas, relojes, documentos y equipos electrónicos.
enfrentará juicio por presuntas violaciones a las leyes sobre Drogas y Sustancias Controladas, 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y.
En tanto, la empresa fue enviada a juicio por presuntas infracciones a la.
La también rechazó los incidentes planteados por las defensas, al considerar que los cumplen con los requisitos de , pertinencia y utilidad exigidos por la legislación procesal.
Asimismo, el tribunal mantuvo las impuestas al regidor, consistentes en del país y presentación periódica, así como las sobre los bienes de los imputados, entre ellas la , el secuestro e incautación de activos y la oposición a su traspaso o entrega..
