La JEP acusa por primera vez a comparecientes por crímenes no amnistiables del antiguo Comando Conjunto Central
La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP) acusó este jueves a nueve exmiembros de las FARC por crímenes de guerra y lesa humanidad, en una decisión que marca un precedente en la justicia transicional y aborda macrovictimizaciones ocurridas entre 1991 y 2016 en Huila, Tolima y Quindío. El caso incluye al excombatiente y excongresista Pablo Catatumbo Torres Victoria.
La Sala de Reconocimiento de Verdad imputó a los nueve comparecientes por homicidios, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos, tomas guerrilleras, ataques contra la población civil y ataques contra la fuerza pública fuera de combate o mediante armas prohibidas por el derecho internacional humanitario. Todos pertenecían al antiguo Comando Conjunto Central (CCC) de las FARC, la estructura que más tomas guerrilleras y ataques a estaciones de Policía realizó en Colombia, con 94 incursiones documentadas entre 1991 y 2016.
Entre los imputados están Pablo Catatumbo Torres Victoria, Luis Eduardo Rayo, Henoc Capera Trujillo, Jhon Jairo Oliveros Grisales, Gustavo Bocanegra Ortegón, Nelson Antonio Jiménez Gantiva, Wilson Ramírez Guzmán, Víctor Hugo Silva Soto y Raúl Agudelo Medina. Catatumbo fue congresista por el partido Comunes tras el Acuerdo de Paz de 2016, formación que desapareció este año al no alcanzar los votos necesarios para mantener su personería jurídica.
La investigación recopiló cerca de 600 expedientes judiciales, 54 informes de víctimas y organizaciones sociales, y los relatos de 967 víctimas individuales acreditadas, de las cuales el 54 % son campesinos. Se documentaron hechos como la toma de Roncesvalles en julio de 2000, con más de 30 edificaciones destruidas y cerca de 800 desplazados, y la ofensiva contra Puerto Saldaña entre abril y mayo de ese año, que dejó más de 3.600 desplazados y al menos 27 civiles asesinados.
El presidente saliente de la JEP, Alejandro Ramelli, calificó la decisión como «un paso enorme en el esclarecimiento de la verdad judicial y la justicia», y recordó que antes solo el 10 % de estos casos llegaban a sentencia. La magistrada relatora Marcela Giraldo destacó que es la primera vez que los comparecientes responden por estas macrovictimizaciones. Los imputados tendrán 20 días hábiles para pronunciarse y 30 días hábiles para presentar observaciones y entregar información sobre 30 personas desaparecidas.
