La justicia dominicana extiende investigación por fraude de 19 mil millones; el país observa.
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional concedió este jueves al Ministerio Público un plazo adicional de cuatro meses para presentar acusación en el caso Senasa, mientras la defensa de Santiago Hazim pidió su traslado a prisión domiciliaria. El caso, que involucra un presunto fraude de más de 19,000 millones de pesos contra el Estado, se ha convertido en un referente de la lucha anticorrupción en República Dominicana.
La decisión del juez Deybi Timoteo Peguero, tomada este 4 de septiembre de 2026, responde a la solicitud del Ministerio Público de extender la fase preparatoria del proceso, que había sido declarado complejo desde el 11 de diciembre de 2025. El plazo original vencía el 11 de agosto, y la prórroga se ampara en el Código Procesal Penal, que permite una única extensión en casos de alta complejidad.
El exdirector del Senasa, Santiago Hazim, principal imputado, solicitó al tribunal la variación de su medida de coerción, pasando de prisión carcelaria a prisión domiciliaria. Sin embargo, el juez no se pronunció sobre esta petición en la audiencia, dejando abierta la posibilidad de que se decida en las próximas semanas. La defensa argumenta condiciones personales, mientras el Ministerio Público mantiene que el riesgo de fuga y obstrucción a la justicia persiste.
El expediente incluye a otros nueve imputados, como Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz y Eduardo Read Estrella, entre otros. Se les acusa de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, cobro de sobornos, lavado de activos y falsificación de documentos. Según las investigaciones, la supuesta red operó entre 2020 y 2025, afectando gravemente el sistema público de riesgos de salud.
Este caso ha generado un intenso debate nacional sobre la transparencia en la gestión pública y la necesidad de fortalecer las instituciones. La diáspora dominicana sigue de cerca el proceso, que también ha llamado la atención de organismos internacionales por la magnitud del fraude y sus implicaciones para la salud de millones de ciudadanos. La prórroga, aunque necesaria para completar la investigación, prolonga la incertidumbre sobre un caso que podría redefinir los estándares de rendición de cuentas en el país.
