Coalición de 21 estados y varias ciudades impugna regla de ‘carga pública’ reactivada por Trump
Una coalición de 21 estados y varias ciudades de Estados Unidos presentó demandas este lunes contra una norma federal que otorga amplia discreción para negar la residencia permanente a inmigrantes que utilizan asistencia pública. La disputa legal, que involucra al DHS y a líderes demócratas, marca un nuevo capítulo en la política migratoria estadounidense con implicaciones para la diáspora dominicana.
Las demandas, presentadas ante un tribunal federal en Manhattan, buscan frenar el plan del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de reactivar la norma de ‘carga pública’ que el presidente Donald Trump impuso originalmente durante su primer mandato y que fue revertida bajo Joe Biden. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, lidera una coalición de 21 estados, mientras que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, encabeza una demanda separada junto a líderes de Chicago, San Francisco y Seattle.
James argumentó que la norma obligaría a familias inmigrantes necesitadas a elegir entre solicitar ayuda y buscar un estatus legal. ‘Esta norma se aprovecha de ese miedo y cuenta con que las familias renuncien a la asistencia alimentaria, la cobertura de atención médica y otros beneficios públicos a los que tienen derecho legal’, afirmó en una conferencia de prensa. Por su parte, Mamdani advirtió sobre un ‘efecto disuasorio’ que afectaría no solo a inmigrantes sino a otros residentes de la ciudad más grande del país.
El DHS rechazó las advertencias y emitió un comunicado en el que afirmó que ‘los estados santuario están aterrorizados de que perderán fondos federales porque cientos de miles de inmigrantes ilegales y no ciudadanos podrían retirarse por sí mismos de los programas de asistencia social estadounidenses’. La agencia calificó de exageradas las preocupaciones de los demandantes.
Las demandas sostienen que la norma es ‘arbitraria y caprichosa’, excede la autoridad legal del DHS y se aparta del significado histórico de la disposición federal sobre carga pública. Según James, la norma otorga ilegalmente a los funcionarios de inmigración una amplia discreción para considerar una extensa gama de beneficios públicos al tomar decisiones sobre solicitantes de green card, incluso si la asistencia se utilizó en cualquier periodo. El caso podría tener un impacto significativo en las comunidades inmigrantes, incluida la diáspora dominicana en Estados Unidos.
