Al terminar el encuentro, Raful ofreció detalles sobre los avances del programa y aseguró que la principal causa de los homicidios registrados en el país continúa siendo la conflictividad social.
La ministra explicó que, del 1 al 17 de julio, se registraron , de los cuales estuvieron relacionados con.
«Nosotros evaluamos la causa de cada uno de estos homicidios y, como se puede evidenciar, de 43 homicidios que tuvimos del 1 al 17 de julio, 33 han sido producto de la conflictividad social», expresó la ministra.
Raful sostuvo que, aunque las autoridades mantienen los esfuerzos para combatir la delincuencia, la derivada de conflictos personales y sociales sigue representando uno de los principales desafíos para la ciudadana.
Como parte de las acciones para enfrentar esta problemática, la ministra informó que el Ministerio de Interior y Policía trabaja en varias iniciativas orientadas a la de la violencia.
Una de ellas es la Ley de Convivencia, actualmente en manos del la que se busca establecer mecanismos de resolución de conflictos que permitan a los ciudadanos acceder a soluciones sin necesidad de recurrir a procesos judiciales.
Anunció la formulación del Plan Estratégico Sectorial de Seguridad Ciudadana ( ) , una estrategia que involucra a distintas instituciones del Estado para desarrollar políticas públicas dirigidas a fortalecer la seguridad ciudadana de manera integral.
Raful insistió en que la prevención de la violencia debe comenzar desde la niñez y requiere la participación de toda la sociedad.
«Estos conflictos que nos cuestan vidas se previenen desde la escuela, desde el deporte y desde los programas sociales del Gobierno.
La seguridad ciudadana se construye entre todos», manifestó.
Raful también compartió que, durante las últimas semanas, la Fuerza de Tarea ha brindado apoyo a la en operativos contra la inmigración irregular.
Según detalló, se realizaron 149 operativos conjuntos, que culminaron con la deportación de personas que se encontraban en condición.
En estas acciones participan la Policía Nacional, el Ejército de República Dominicana y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre ( ), en coordinación con la Dirección General de Migración.
Raful destacó un proyecto desarrollado en conjunto al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones ( ) para bloquear teléfonos celulares reportados como robados o extraviados.
Explicó que las empresas de telecomunicaciones , y se han integrado a esta iniciativa para impedir que estos dispositivos continúen siendo utilizados.
Como parte del proceso, la Policía Nacional remitió un primer informe con teléfonos denunciados por robo o pérdida, solicitando su bloqueo..
