El caso reabre el debate sobre órdenes de protección y la respuesta judicial
El feminicidio de Loyca Alvarado Adames, de 37 años, cuyo cadáver fue hallado en Haina, ha conmocionado al país. La víctima tenía una orden de protección contra su expareja, ahora detenida, lo que evidencia fallas en el sistema.
Loyca Alvarado Adames, contadora de 37 años, fue reportada como desaparecida el domingo tras salir hacia un salón de belleza. Su cuerpo fue encontrado al mediodía del lunes en unos matorrales cerca de la autopista Circunvalación Santo Domingo, en Haina, con una herida de arma de fuego. El cadáver fue trasladado al Inacif para la autopsia.
La expareja de la víctima, José Luis Fabián Rodríguez, fue arrestada este martes mediante la orden judicial 0229-Septiembre-2026. Documentos indican que Alvarado Adames tenía una orden de protección provisional contra él, emitida por la Fiscalía del Distrito Nacional el 26 de septiembre de 2026. Este antecedente ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de las medidas de protección en casos de violencia de género.
Familiares y vecinos de El Pedregal, en el Distrito Nacional, exigen justicia. Diana Alvarado, hermana de la víctima, entre lágrimas, expresó: «No tiene forma de pagarme ese maldito. Si yo pudiera robarle su alma y ponérsela a ella… Así él me paga». María Adames, prima, pidió que el acusado «pague con toda la ley». Los tíos Julián y Juan Adames también clamaron por una condena ejemplar.
El caso de Loyca Alvarado, que deja una hija de 19 años, se suma a las cifras de feminicidios en el país y pone en el centro del debate la necesidad de reforzar las medidas de protección y la celeridad judicial. Organizaciones de derechos humanos han insistido en que estos crímenes no queden impunes. La comunidad y la opinión pública siguen de cerca el proceso judicial.
