El caso de Loyca Alvarado Adames expone la ruta de la violencia machista y la respuesta judicial en el país
La Fiscalía del Distrito Nacional pidió prisión preventiva para José Luis Rodríguez Fabián, imputado por el feminicidio agravado de su expareja Loyca Alvarado Adames, cuyo cuerpo fue encontrado el lunes en Bajos de Haina, San Cristóbal. El crimen ocurrió el domingo 27 de septiembre en una cabaña de la avenida George Washington, en la capital.
La solicitud de medida de coerción fue presentada por la procuradora fiscal Topacio Milagros Suero Sierra, del Departamento de Crímenes y Delitos contra las Personas (Homicidios), ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. El imputado enfrenta cargos por feminicidio agravado, un tipo penal que en República Dominicana ha cobrado relevancia en los últimos años ante el aumento de casos de violencia contra la mujer.
Según el expediente, el 27 de septiembre, aproximadamente a las 10:40 de la mañana, la víctima se encontraba en un salón de belleza de la avenida Independencia con una hermana cuando recibió una llamada telefónica. Salió del lugar diciendo que regresaría en breve, dejando sus pertenencias. Horas más tarde, al no poder contactarla, su hermana informó a familiares, quienes acudieron a las autoridades para pedir su localización.
Las investigaciones del Departamento de Desaparecidos de la Dicrim incluyeron la revisión de cámaras de seguridad, que mostraron a la víctima abordando una pipeta negra. Los pesquisas establecieron la ruta del vehículo hasta las inmediaciones de una fábrica de furgones y transportaciones en Bajos de Haina, San Cristóbal, donde el lunes fue hallado el cadáver. El imputado fue arrestado el 29 de septiembre por orden judicial.
El mismo 29 de septiembre, el Ministerio Público allanó un negocio en el Ensanche La Paz, Distrito Nacional, y ocupó un revólver calibre 38, un casquillo y dos cápsulas. El arma coincidió balísticamente con el proyectil recolectado en la pipeta vinculada al caso. La calificación jurídica incluye violación a los artículos 93 y 94 del nuevo Código Penal Dominicano (Ley No. 74-25) y a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Control de Armas. El caso refleja la tendencia de las autoridades a usar pruebas balísticas y de videovigilancia en investigaciones de feminicidio.
