Un sistema de excepciones que se volvió permanente
La Fuerza del Pueblo (FP) lanzó una advertencia contundente sobre el manejo de los fondos estatales en materia de infraestructura, señalando que el Poder Ejecutivo ha tejido un entramado normativo que permite eludir los controles ordinarios en proyectos de gran envergadura económica.
El ingeniero Mariano Germán, secretario de Obras Públicas de la organización, fue el encargado de presentar la denuncia en la Casa del Pueblo Johnny Ventura. Según su exposición, mientras el oficialismo promueve estándares rigurosos para las adquisiciones cotidianas, simultáneamente impulsa legislación transitoria que desactiva la supervisión en contratos multimillonarios.
El origen y la expansión del mecanismo
Germán explicó que estas disposiciones especiales surgieron con un propósito legítimo durante la crisis sanitaria, cuando era necesario destrabar obras paralizadas por la pandemia y el incremento de costos. Sin embargo, denunció que lo que nació como una solución temporal se ha transformado en una práctica sistemática que abarca nuevos proyectos viales, habitacionales e hidráulicos.
«Cada vez que la ley general representa un obstáculo para determinados intereses, se fabrica una nueva excepción», sentenció el dirigente, quien advirtió que esta dinámica erosiona la confianza ciudadana, distorsiona la libre competencia y permite que obras con deficiencias técnicas o presupuestos insuficientes acudan al Congreso para validar sobrecostos mediante leyes especiales.
Exigencias al Legislativo
La FP solicitó formalmente a la Cámara de Diputados que detenga la aprobación de nuevas modificaciones a las leyes 118-21 y 83-24 hasta realizar una evaluación integral del impacto fiscal y contractual. Asimismo, demandó la publicación de los contratos originales, adendas y estudios técnicos de cada obra gestionada bajo este esquema paralelo.
Germán aclaró que la postura de su partido no pretende frenar el desarrollo de infraestructura nacional, sino garantizar que los recursos del Estado se administren dentro del marco legal, sometiendo cualquier obra estratégica a la ley general de contrataciones públicas y limitando las excepciones a casos verdaderamente temporales.
