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Fuerza del Pueblo acusa al Gobierno de ser el mayor «terrorista ambiental» y cuestiona decreto de Abinader

Fuerza del Pueblo acusa al Gobierno de ser el mayor "terrorista ambiental" y cuestiona decreto de AbinaderFuerza del Pueblo acusa al Gobierno de ser el mayor "terrorista ambiental" y cuestiona decreto de Abinader

Oposición denuncia ineficacia en justicia ambiental: 2,558 incendios y solo 219 condenas entre 2020 y 2025

La Fuerza del Pueblo (FP) calificó al Gobierno del PRM como el mayor «terrorista ambiental» de República Dominicana y puso en duda la utilidad del decreto presidencial para enfrentar delitos ecológicos. El partido opositor presentó cifras que revelan una brecha entre los delitos reportados y las condenas obtenidas.

Paíno Abreu Collado, secretario de Medio Ambiente de la FP, preguntó: «¿qué busca el presidente Abinader prohibiendo por decreto lo que ya está prohibido en la ley?». Subrayó que el artículo 265 de la Ley 74-25, nuevo Código Penal, ya castiga con 20 a 30 años de prisión mayor y multas de 30 a 40 salarios mínimos a quienes provoquen incendios en bosques, reservas forestales, nacimientos de ríos, parques nacionales y otras áreas protegidas.

El dirigente afirmó que el problema no es la falta de leyes, sino su cumplimiento. Entre 2020 y 2025 se reportaron 2,558 incendios, «gran parte de ellos provocados», y 11,970 delitos por tala de árboles y vertederos improvisados, sin incluir extracción de agregados, pesca ilegal, tráfico de especies, ocupación de áreas protegidas, construcciones irregulares y contaminación sónica. Pese a ello, solo se registraron 219 condenas, menos del 2 %.

«El presidente Abinader se está haciendo experto en castigar delitos que ya están castigados y en presentarse como ‘ángel protector de las áreas protegidas'», declaró Abreu. Como ejemplo, mencionó las disposiciones sobre las Cuevas del Pomier, área ya protegida por la Ley 202-04.

La FP propone invertir más en guardaparques, guardabosques y bomberos forestales, con entrenamiento, equipos y tecnología; rescatar viveros y brigadas forestales; e intervenir cuencas hidrográficas deforestadas para reducir la erosión y mejorar la retención de agua. También criticó la flexibilización de permisos ambientales y recordó que las leyes 64-00, 202-04 y el nuevo Código Penal ya tipifican los delitos ambientales.

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