Hemos percibido, en nuestro cultosistema, que las artes visuales y sus artistas estarían siendo víctimas de una deslegitimación e incomprensión que, naciendo de “colegas”, otras disciplinas, algunos intelectuales y gestores, pretenderían excluirlos del enfoque y beneficios de las “políticas públicas”.
Casi pude comprobarlo cuando el Congreso estudiaba la lamentable Ley de Mecenazgo #340-19, para establecer “el Régimen de Incentivo y Fomento del Mecenazgo en la República Dominicana”.
Abruma calificar así dicha ley.
Mas el término evita otro: ¡burla! ¿Qué justificaría tales imputaciones? Simple: esa ley “incentiva y fomenta el mecenazgo” reduciendo al 50% el tope de las deducciones fiscales sobre los ingresos netos anuales gravables que los códigos Tributario (Ley No.
11-92) y Arancelario (Ley No.
168-21 de Aduanas), y las leyes de presupuesto anual del gobierno confieren a quienes promueven y apoyan actividades de bien social, incluyendo educativas y culturales, mediante proyectos.
Más aún: impone otras tasas y costos, para financiar la dirección que en cultura crea dicha Ley.
Como si fuera poco, confiere a Cultura la facultad de decidir a quién beneficia o no la ley, pues para obtener sus “beneficios” se debe “someter un proyecto”.
Cuando tal ley se estudiaba y buscaba “consenso”, ciertos teatristas se nuclearon para orientarla hacia ellos, pretendiendo una preferencia inconstitucional.
Igual hicieron algunos escritores e intelectuales.
Quedé sorprendido ante su ingenuidad y desconocimiento —¿confabulación?— del andamiaje impositivo imperante, vinculado a su actuación; de cómo la política “jugaba” con ellos para ocultar su propósito: crear una dirección general en Cultura para favorecer con fondos públicos a algún relacionado.
Para debatir al respecto, la Fundación Acción por el Futuro organizó un conversatorio con actores clave.
Como expositor, el oficialismo envió a un agitador cultural.
Teatristas, escritores y otros celebraban dicha Ley sin percatarse de que optar por esa vía para “financiar” sus “proyectos culturales” les costaría —y ahora les cuesta— más del 50% de los derechos adquiridos mediante otras leyes que ese dispositivo no tocó, además del precio de agenciarse “los buenos oficios” del funcionariado a cargo.
Excepto algunos exponentes de la plástica, entonces funcionarios culturales, los artistas de esta disciplina no se involucraron tan fanáticamente porque, pese a la agitación oficial, la voluntad de exclusión y la competencia desleal eran evidentes.
Sottovoce, el tema era: “¿A quién designarán como su director general?”.
El hecho es que, en tanto nuestras artes visuales sobreviven, batallando en un mercado complejizado por la progresiva pérdida de poder adquisitivo de la clase media y la incertidumbre, otros decidieron pegarse al presupuesto, lo cual celebraríamos si a cambio aportaran algo.
Cuando se revisa la nómina cultural oficial y se la compara con los resultados que esa cartera reporta, se siente dolor y lástima por la cultura nacional.
Nos consta que funcionarios de nivel operativo (dirección general) de Cultura no habían visitado la XXXI Bienal en la víspera de su clausura.
Entonces comprendimos el desprecio grande que hacia las artes visuales y la ética campea allí.
Para exponer en el Museo de Arte Moderno, los artistas deben cubrir incluso la pintura de los muros… La bienal existe porque es una institución y ¿oportunidad de medrar en los fondos públicos? ¡Por Dios! Tags relacionados LAS MÁS RECIENTES baloncesto Edición impresa balotaje.
