Medida del Tesoro afectaría 18,000 instituciones y reaviva debate sobre discriminación inversa.
El Departamento del Tesoro y el IRS propusieron este jueves eliminar la exención fiscal para escuelas privadas que mantengan políticas de discriminación racial o preferencias por minorías, una acción que profundiza la cruzada de la Casa Blanca contra los programas DEI y que tendría repercusiones en la educación superior de Estados Unidos y en estudiantes internacionales, incluidos dominicanos.
La nueva regla, anunciada por el Tesoro, establece que ninguna escuela privada sin fines de lucro podría acogerse a la exención de impuestos federales si adopta políticas que discriminen por raza, color u origen nacional. Esto afecta directamente a programas de admisión, becas y ayudas dirigidas a estudiantes hispanos, afroamericanos y otras minorías, como los que existen en Harvard y otras universidades de élite.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó: «Bajo el mandato del presidente Trump, esta Administración defiende a los estudiantes estadounidenses al garantizar que la discriminación racial no tenga cabida en la educación». La medida se enmarca en la ofensiva contra las políticas DEI, que ya obligó a Harvard a cerrar sus oficinas para minorías, LGTBIQ y mujeres, y que ahora busca un efecto dominó en todo el país.
Según estimaciones del Tesoro y el IRS, la propuesta podría afectar a hasta 18,000 instituciones educativas, desde primarias hasta universidades y escuelas de formación profesional. Si se aprueba, el reglamento definitivo regiría para los años fiscales que comiencen a partir del 31 de mayo de 2027, dando un margen de dos años para que las instituciones revisen sus políticas.
El impacto no se limitaría a EE. UU.: la diáspora dominicana, que envía remesas por más de 10,000 millones de dólares al año, podría ver afectadas las oportunidades de sus hijos en centros privados, reduciendo su capacidad de contribuir económicamente a sus familias en República Dominicana. Además, la medida envía una señal a países de la región que han adoptado políticas de inclusión educativa.
Analistas consideran que esta propuesta es una escalada en la guerra cultural del expresidente Trump contra el «woke», y que podría enfrentar desafíos legales por violar la igualdad de oportunidades. Mientras tanto, universidades y colegios privados estudian alternativas para preservar sus programas de apoyo sin perder su estatus fiscal, en un contexto donde la educación superior ya enfrenta críticas por su alto costo.
