El decreto 615-26 marca un giro drástico en la política ambiental nacional
El presidente Luis Abinader anunció este miércoles el decreto 615-26, que tipifica como terrorismo ambiental los daños a parques nacionales, con penas de hasta 40 años de prisión, en una medida que redefine la lucha contra la depredación ecológica en República Dominicana y envía un mensaje a la comunidad internacional.
La medida, calificada como ‘guerra al terrorismo ambiental’, fue presentada en una rueda de prensa en el Palacio Nacional, donde Abinader advirtió que ‘mandamos hoy un mensaje fuerte. Estamos preparados para ejercer lo que establece este decreto y lo dispuesto en el nuevo Código Penal’. El artículo 85, numeral 37, del nuevo código establece penas de 30 a 40 años para quienes causen daños extensos, duraderos y graves a los recursos naturales.
El presidente fue explícito en cuanto a la nacionalidad de los infractores: ‘Si bien eran nacionales haitianos los que en su mayoría provocan los incendios, esos nacionales haitianos, en gran parte de los casos, eran enviados por dominicanos también. Entonces ambos van a sufrir la misma pena’. Esta declaración busca desmontar la narrativa de que solo extranjeros cometen estos delitos, apuntando a una red de complicidad local.
El decreto 615-26 declara el combate al terrorismo medioambiental como ‘alto interés nacional y prioridad estratégica para la seguridad nacional’, lo que implica la participación activa de las Fuerzas Armadas y la Dirección General de Migración en la persecución de los responsables. Abinader subrayó que los incendios forestales no solo destruyen árboles, sino que perjudican fuentes de agua, biodiversidad, comunidades, turismo y calidad de vida, un argumento que resuena en el contexto global de crisis climática.
La medida se produce en un momento en que la presión internacional sobre los países para proteger sus ecosistemas es creciente, y República Dominicana, como destino turístico del Caribe, busca blindar sus áreas protegidas. ‘Después de analizar y pensar cómo darle la verdadera importancia, hemos decidido actuar de manera drástica, catalogando como terrorismo ambiental todo acto que afecte los parques nacionales’, explicó el mandatario.
Con esta acción, el Gobierno dominicano se coloca a la vanguardia en la región en cuanto a sanciones penales por delitos ambientales, aunque organizaciones ecologistas han pedido que la ley se aplique con transparencia y sin criminalizar a comunidades que dependen de los bosques. La diáspora dominicana, atenta a los cambios legales, observa cómo estas políticas podrían afectar inversiones en sectores como la agroindustria y el turismo.
